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El Gobierno vetó la propaganda partidista en espacios públicos de Nación y modificó una legislación para prevenir el adoctrinamiento en el sector educativo.
Fue mediante el Decreto 1084/2024 que se publicó en el Boletín Oficial. El documento estableció, entre otros aspectos, un "intervalo mínimo entre la muerte de un individuo y el uso de su nombre en los bienes estatales".