Fue mediante el Decreto 1084/2024 que se publicó en el Boletín Oficial. El documento estableció, entre otros aspectos, un "intervalo mínimo entre la muerte de un individuo y el uso de su nombre en los bienes estatales".
Política10/12/2024
Alejandro Cabrera
Este martes, el Gobierno impuso la prohibición de la propaganda política partidista en edificios públicos propiedad de Nación y definió una serie de límites para su denominación, junto con otras limitaciones dirigidas a los funcionarios en cuanto al uso de recursos del estado.
Lo realizó mediante el Decreto 1084/2024 que el Poder Ejecutivo emitió en la edición más reciente del Boletín Oficial, con las firmas de Javier Milei y Guillermo Francos, el Jefe de Gabinete.
Primero, el Presidente vetó "la exposición, ubicación o propagación de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda ser considerada como un medio de propaganda política partidaria o de veneración a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o propiedades del Estado Nacional".
Por otro lado, el Artículo 2° de dicho documento estableció que no se permitirá llamar a los bienes mencionados previamente "con nombres de figuras políticas antes de que haya pasado diez años desde su muerte o desaparición física o desde los sucesos históricos que se quiere reconocer".
"No se permitirá otorgar nombres a individuos que hayan desempeñado roles como Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales a través de acciones de fuerza contra el Orden Constitucional y el Sistema Democrático", explicó el documento.
Respecto a los empleados públicos, independientemente de su nivel y forma de nombramiento o contratación, estarán prohibidos de "usar recursos o bienes del patrimonio público o privado del Estado Nacional con el propósito de promover, festejar, recordar o rendir homenaje a su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier característica personal".
Además, se comunicó que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de reportar el incumplimiento de las regulaciones previamente establecidas, sin tener que pagar, mediante la plataforma Trámites a Distancia – TAD.
Finalmente, se estableció que "la transgresión de un funcionario público a las restricciones establecidas en este decreto representa una infracción severa en el desempeño de la función pública, esto sin tener en cuenta las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que pudieran corresponderle, de acuerdo con lo establecido en las normativas en vigor".
A mediados de noviembre, el Ministerio de Capital Humano lideró un "proceso de reorganización en sus espacios públicos" mediante la eliminación de carteles, imágenes y retratos de Eva Perón de ubicaciones gubernamentales.
"Los edificios públicos son de todos los argentinos", proclamó en aquel entonces Sandra Pettovello, la ministra de dicho ministerio, quien publicó un video en sus redes sociales donde se puede ver cómo se extraía una imagen de Eva Perón, afiches y otros componentes.
En ese mismo día, también extrajeron la cartera de Néstor Kirchner, ubicada en las instalaciones centrales de la ANSeS en la Ciudad de Buenos Aires.
Después, con el objetivo de erradicar las personalidades del peronismo y, en particular, del kirchnerismo, de los edificios públicos, el Gobierno optó por retirar un mural de dicho exmandatario de la sede del Correo Argentino, ubicado en el sector porteño de Retiro.
En las consideraciones del Decreto, el Gobierno detalló los motivos que utilizó para emitir esta medida.
Primero, aclaró que "los recursos y bienes del Estado Nacional son públicos y deben servir a la comunidad en su totalidad, no a intereses personales o partidarios que implican una imposición obligada a la memoria colectiva".
Dentro de este contexto, subrayó que "la denominación y/o identificación de obras de infraestructura pública, monumentos, edificios, oficinas y espacios públicos no debería fundamentarse en intereses políticos partidarios, para no alterar el propósito y el significado cultural o histórico de tales bienes y prevenir la confusión entre lo público y lo político".
Además, se indicó que tales acciones "causan la pérdida de la neutralidad que corresponde a los bienes públicos, conspirando contra la meta de formar la unión nacional, expresada en el Preámbulo de la Constitución Nacional, al marginar a aquellos que no tienen una misma perspectiva política".
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 6° del Decreto, la medida entrará en vigor este miércoles, o sea, "el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial".
Modificaron una normativa para prevenir el entrenamiento político en niños, niñas y jóvenes.
Simultáneamente, el Decreto 1086/2024 alteró las Normas de la Ley No 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de prevenir el "endoctrinamiento político de los niños, niñas y adolescentes, imponiendo una forma de pensar y/o comportarse políticamente partidista, lo cual representa un trato que perjudica la dignidad, la integridad moral y la libertad de pensamiento".
Para ello, añadió un apartado en la regulación que dicta que "la imposición de una forma de pensar y/o comportarse políticamente partidista, especialmente en el contexto educativo, transgrede el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, representando un trato que impacta su integridad personal".
En otros textos, estableció que tal comportamiento "infringe el derecho a la educación", al igual que su "el derecho a la libertad de los niños, niñas y adolescentes".
El Gobierno sostuvo que los derechos de los niños "se violan particularmente en el contexto educativo" cuando "se busca llevar a cabo un adoctrinamiento político", imponiendo "una forma de pensar y/o comportarse políticamente partidista, lo que representa un trato que perjudica la dignidad, la integridad moral y la libertad de pensamiento".
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