El Gobierno designa al responsable de la unidad de investigación de Libra y se alista para realizar anuncios que definirán la agenda.

La Casa Rosada cree que hubo personas externas a la gestión que vendieron influencia y llegada a Javier Milei a terceros, pero descarta impulsar acusaciones judiciales en el corto plazo.

Actualidad23 de febrero de 2025 PeriodismoyPunto

El Gobierno ha tomado la determinación de designar al líder de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) relacionada con el proyecto de la criptomoneda Libra, y se encuentra en proceso de preparar una serie de desregulaciones que beneficiarán al sector agrícola. Según fuentes oficiales, se tiene en cuenta una lista de candidatos internos y se espera que la elección del responsable de recopilar información sobre la promoción de la criptomoneda se lleve a cabo el próximo lunes.

Desde la Casa Rosada, hay una creciente preocupación por la posibilidad de que individuos ajenos al ámbito gubernamental hayan estado aprovechándose de su cercanía al presidente Javier Milei, vendiendo influencia a terceros. Sin embargo, el Gobierno ha decidido por ahora no avanzar con acusaciones judiciales, ya que, según indican, “no contamos con las pruebas necesarias que sustenten tales afirmaciones en este momento”.

Recientemente, el presidente Milei se reunió con destacados representantes del sector tecnológico y financiero, entre ellos Julian Peh de KIP Protocol, Hayden Davies de Kelsier Ventures y Mauricio Novelli de Tech Forum, antes de expresar su respaldo al proyecto de Libra. Esta iniciativa ha sido objeto de debate, y se espera que la UTI desempeñe un papel crucial al concentrar esfuerzos en la recopilación de datos de diversas áreas del Estado, sin que esto implique una intervención en el ámbito judicial. En el oficialismo se subraya que la UTI será una unidad administrativa destinada a la obtención de información, con el objetivo de transparentar los procedimientos internos y mejorar la rendición de cuentas.

La creación de esta unidad se formalizó mediante el decreto 114/2025, que establece su disolución una vez que se entregue el informe pertinente. La UTI estará bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y tendrá la facultad de solicitar información a gobiernos extranjeros y organismos internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta capacidad de colaboración se extiende también a la administración de la Ciudad de Buenos Aires y a las distintas provincias del país.

Adicionalmente, el Gobierno ha asignado a la Oficina Anticorrupción, presidida por Alejandro Melik, la tarea de llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar posibles irregularidades o actos de corrupción, con miras a presentar los hallazgos ante la justicia competente.

En cuanto a la defensa legal del presidente Milei frente a las denuncias interpuestas tanto en Estados Unidos como en Argentina, el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión definitiva sobre quién asumirá este papel. Aunque se menciona la figura del abogado Francisco Oneto como una opción viable, se aclara que, en primera instancia, es necesario evaluar si Milei realmente requerirá una defensa legal en este contexto específico.

En un esfuerzo por desviar la atención pública de la promoción de la criptomoneda Libra, la Casa Rosada está preparando una serie de anuncios significativos. En los próximos días, se prevé la oficialización de una desregulación en el ámbito de la exportación de ganado en pie, lo que permitirá la venta de ganado no faenado al exterior, una medida que busca impulsar el sector agropecuario y fomentar el comercio internacional.

Por otro lado, el Gobierno ha publicado recientemente modificaciones a la normativa vigente sobre fertilizantes (Ley 20.466), que contemplan la simplificación del proceso de inscripción para los operadores del sector y la eliminación de la caducidad de dicha inscripción. Además, se establece a la Secretaría de Ganadería y Pesca como la autoridad encargada de la aplicación de estas normativas, con el objetivo de facilitar la importación de productos certificados provenientes de países con altos estándares de vigilancia. Estas acciones se inscriben en un marco más amplio de políticas diseñadas para dinamizar la economía y fortalecer las bases productivas del país.

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