El Gobierno está progresando en el proceso de privatización de carreteras y autopistas, comenzando con una empresa estatal que opera en diferentes provincias.

El gobierno de Javier Milei habilitó este viernes la privatización de Corredores Viales Sociedad Anónima, la empresa encargada de la gestión de infraestructura y el tránsito de rutas y autopistas. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. La medida será bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. La empresa creada en 2017 maneja 6000 km de las rutas nacionales más importantes del país, por donde pasa un tercio de todo el tráfico de la red vial troncal.

Con “este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a partir de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro del peaje a los usuarios”, dijo el portavoz de la administración libertaria.

En tanto, enumeró las funciones que llevará a cabo la Agencia de Transformación de Empresas Públicas -dependiente del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo- respecto a este proceso. “La extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales S.A, que comprenden diferentes rutas nacionales, conforme a lo establecido en cada uno de los contratos; la ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores; la disolución y posterior liquidación de Corredores Viales S.A una vez finalizados los contratos”, expresó Adorni.

“El sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras sin las restricciones de la Ley de Obra Pública. Más competencia va a implicar mejores precios”, sumó el vocero. Corredores Viales es una de las empresas habilitadas por la Ley Bases -aprobada en junio del 2024- para ser sujetas a privatización.

Todas las rutas de Corredores Viales S.A estuvieron bajo gestión privada desde la década de 1990 mediante diferentes modelos de asociaciones pública-privadas. Consiste en 42 plazas de peaje, obradores, equipamiento y gran parte del total de los 3600 empleados. Tiene a cargo 10 tramos de rutas y autopistas en Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe, incluido el Peaje Ricchieri.

Al mismo tiempo, la Oficina del Presidente emitió un comunicado. “A pesar de que en la Argentina hay rutas y autopistas gestionadas por el sector privado, anteriores gobiernos se empecinaron en sostener esta empresa estatal deficitaria que le costó a nuestro país solo en 2023 unos $301 millones. Relevamientos realizados por este Gobierno detectaron que hay 3400 kilómetros de traza, 45% de toda la red vial argentina, que siendo gestionados por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular”, dice el escrito difundido en redes sociales.

Y agrega: “Esto es una clara muestra que la administración estatal de la red vial no funciona, y que no es el rol del Estado la gestión de las autovías. Desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje. Desde el 10 de diciembre del 2023, toda la administración pública se ha concentrado en impulsar un Estado más chico cuyo único rol sea el de facilitarle al sector privado la motorización de la infraestructura y la actividad económica del país”.