Reforma y Optimización del INTA: Evaluación, Venta de Tierras y Reestructuración para un Modelo Más Transparente y Eficiente

El gobierno nacional se encuentra actualmente en un proceso de evaluación y análisis profundo respecto a la gestión y administración de las vastas propiedades que posee el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), específicamente en relación a la posible venta de una parte significativa de sus tierras, que en total suman aproximadamente más de cien mil hectáreas. Esta iniciativa forma parte de una serie de cambios estructurales y reformas organizacionales que fueron anunciadas en los últimos días, con el objetivo principal de reducir la dimensión operativa del organismo y, al mismo tiempo, mejorar los niveles de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en su gestión. La revisión de estos terrenos, que totalizan exactamente unos 101.500 hectáreas distribuidas en unos 100 predios diferentes a lo largo del país, se realiza en un contexto donde la transformación del INTA en un organismo desconcentrado ha sido uno de los pasos iniciales de estas reformas. Además, se ha implementado una nueva estructura de gestión que busca optimizar los recursos y la administración interna, bajo la supervisión directa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, quien ha sido designado para liderar estas modificaciones.

Actualmente, se ha constatado que solo unas 54.000 hectáreas de estas tierras están efectivamente en uso para actividades relacionadas con la producción agrícola, ganadera o la investigación científica, que son las funciones principales del INTA. Sin embargo, las restantes aproximadamente 47.500 hectáreas permanecen sin un uso productivo real, debido a diferentes motivos. Entre estos motivos se encuentran dificultades de acceso a los predios, conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la falta de infraestructura adecuada o simplemente la desactualización en su utilización. La evaluación que se está realizando en estos momentos tiene como finalidad determinar qué parcelas de tierra, independientemente de su estado actual de uso, son susceptibles de ser vendidas. Para ello, se considerarán aspectos legales y administrativos tales como el estado de los títulos de propiedad, que en algunos casos pueden estar enmarcados bajo condiciones específicas como “donación con cargo” o “donación sin cargo”. Solo aquellas tierras que puedan ser vendidas sin violar las condiciones establecidas en los títulos y sin afectar los compromisos asumidos en las donaciones podrán salir a la venta, tras un análisis exhaustivo y riguroso que asegure la legalidad y transparencia del proceso.

En términos de distribución y gestión de estas tierras, se ha identificado que aproximadamente el 60% de las mismas están gestionadas por asociaciones cooperadoras. Estas asociaciones colaboran estrechamente con el INTA en tareas relacionadas con la gestión de estaciones experimentales, así como en la canalización y comercialización de los productos obtenidos en dichas instalaciones. Sin embargo, la historia de gestión de estos recursos ha estado marcada por limitaciones en el control y la supervisión, lo que ha generado problemas de transparencia y posibles irregularidades en el manejo de estos recursos. Por otro lado, existen unas 30.000 hectáreas que están en manos de INTeA S.A., una sociedad estatal en la que el Estado participa como mayoritario accionista. Esta sociedad está dedicada a actividades productivas y tecnológicas, y su existencia forma parte de la estrategia del gobierno para potenciar alianzas público-privadas en el sector agroindustrial y tecnológico.

El proceso de reestructuración del INTA también ha implicado cambios en su estructura laboral, que han sido bastante notorios en los últimos años. La planta de empleados, que inicialmente contaba con alrededor de 3.000 trabajadores, ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando en la actualidad más de 6.000 empleados. Esto ha generado un debate sobre la eficiencia y la utilización de los recursos humanos en relación con las funciones y objetivos del organismo. Además, se ha llevado a cabo una revisión integral de la infraestructura y los recursos físicos del INTA, con la intención de optimizar su uso y reducir costos innecesarios.

En cuanto a los recursos económicos, el INTA recibe un presupuesto anual que ronda los 224 mil millones de pesos, y además cuenta con una asignación total de aproximadamente 411 mil millones de pesos, provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, principalmente contribuciones sobre importaciones y tasas estadística. Desde el gobierno se ha señalado que estas cifras reflejan un uso potencialmente desproporcionado y a veces opaco de los recursos públicos destinados al organismo. Por ello, uno de los objetivos principales de esta reestructuración y de la posible venta de terrenos es lograr una gestión más eficiente y transparente, que permita utilizar los recursos de manera más racional y dirigida a las prioridades del país en materia de desarrollo agrícola y tecnológico.

En síntesis, estas medidas y evaluaciones reflejan una intención clara del gobierno de reorganizar y optimizar la gestión del INTA, buscando reducir su tamaño, mejorar la transparencia en el manejo de sus recursos y potenciar su contribución al desarrollo sustentable del sector agropecuario, mediante una administración más eficiente y con un uso racional de sus vastos recursos inmobiliarios y humanos.