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Cambiemos impulsa una ley para cuidar para cuidar a las fuentes periodísticas y se mete en la polémica del lawfare
PeriodismoyPunto habló con el diputado Gustavo Menna (UCR-Chubut), autor de la iniciativa que apunta a «darle operatividad a un mandato constitucional».
Actualidad18 de enero de 2020Luis GasullaMientras el kirchnerismo duro prepara su avanzada contra el periodismo libre mediante el «tribunal ético» que impulsa el abogado Eduardo Barcesat, desde Cambiemos buscan dar tratamiento en el Congreso a un proyecto de ley que apunta a proteger las fuentes periodísticas.
La iniciativa fue presentada por el diputado Gustavo Menna (UCR – Chubut) en septiembre pasado. Y si bien está directamente vinculada con la libertad de expresión, la misma fue girada a la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja.
PeriodismoyPunto habló con Menna, quien recordó que el derecho a mantener bajo reserva la identidad de una fuente «es un mandato constitucional que está incumplido», debido a que «a nivel nacional no hay ley» y eso da espacio a que el derecho de los periodistas sea vulnerado.
Por otra parte, el diputado radical pidió «estar atentos y ver hasta qué punto» el Gobierno acompaña la creación del «tribunal ético» de Barcesat, que por ahora considera parte de «movimientos en los márgenes» del kirchnerismo.
-En función de los antecedentes del kirchnerismo en su relación con la prensa, ¿cómo analiza los primeros días de Alberto Fernández?
-Creo que en lo que tiene que ver con la prensa no ha habido mayores actitudes por parte del Presidente. Ni en un sentido ni en otro. Lo que sí ha habido son movimientos en los márgenes, como esta cuestión de los «juicios éticos» o la insistencia con el lawfare. Que de alguna manera roza la actividad de la prensa, porque muchas de esas investigaciones fueron precedidas por investigaciones periodísticas. Así que, bueno, tenemos que estar atentos y ver hasta qué punto todo este desenvolvimiento tiene respaldo oficial o no.
-En el debate presidencial, Fernández dijo que cuidaría a la prensa. Pero luego vinieron las chicanas por Twitter a periodistas como Alconada Mon o Pablo Sirvén, lo cual podría ser minúsculo. Ahora, ¿qué entiende un sector de la política por operador o periodista?¿Quién es el dueño de esa verdad?
-Con la prensa no hay que tener actitudes paternalistas, sino dejar que se desenvuelva con total libertad. Que es lo que, por otra parte, expresa nuestra Constitución. Lo de los operadores o no operadores, bueno, eso hace a la responsabilidad del trabajo profesional de cada periodista. El periodismo tiene una característica que es la no regulación. Y está bien que así sea. Si no, empezamos a resentir o lesionar un derecho básico, como lo es la libertad de expresión. Creo que, en definitiva, en el ejercicio de esa profesión, quien cometa eventualmente un delito o una falta contra alguien estará sometido a posterior a las responsabilidades de la ley. Pero me parece que lo que hay que hacer es dejar que la prensa se desenvuelva. Y el calificativo de operador o no operador, corresponde a la política. Qué intencionalidad puede tener un periodista cuando hace una nota, cuando opina, cuando informa. Si obedece alguna finalidad desviada o es su opinión es algo que es muy difícil de tratarlo desde el punto de vista de la ley. Eso hay que dejarlo a criterio de quienes los leen, los miran y los escuchan. El público va a saber discernir. En ese ámbito el Estado no se debería meter. No puede meterse.
-A propósito de esto, usted ha se especializado en el tema y presentó un proyecto relacionado con el cuidado de las fuentes periodísticas. ¿Qué lo impulsó a hacerlo?
-En primer lugar, que es un mandato constitucional que está incumplido. Cuando se reforma la Constitución, en el ´94, una de las garantías que se incorporan es el reconocimiento expreso del secreto de las fuentes de información periodística. De manera tal que hay que cumplirlo. Pero dada la organización federal que tiene nuestro país, hay distintas posturas al respecto. Hay leyes que lo regulan de una manera en una provincia y en otra, de otra forma. A nivel nacional directamente no hay ley. Y eso hace que los tribunales tengan decisiones de distinto orden a la hora de preservar la identidad de la fuente. ¿De qué manera se puede vulnerar ese derecho? Bueno, por ejemplo, cuando un periodista -básicamente de investigación- realiza un informe y es convocado por un juez para que declare como testigo y revele quién le proveyó esa información, para continuar con la investigación de los hechos que originaron la causa. Ha habido casos, también en donde -por ejemplo- se ordenaron medidas de prueba que implicaron secuestro de material documental. Digital o papel. O se pidieron listados de llamadas para desentrañar quién había sido la fuente. La protección de la fuente tiene un sentido y una finalidad, que es permitir el desenvolvimiento del periodismo libre. Porque para poder acceder a datos reveladores, el periodista se tiene que nutrir de todo tipo de información. Y de gente que incluso puede estar incursionando en actividades reñidas con la ley. Pero es la única manera. Y esto no quiere decir que lo convierta al periodista en cómplice de nada, sino que lo que está haciendo es obtener información. Sin esa fuente de información sería imposible la prensa libre, la investigación de hechos. Basta con remontarse, para poner un ejemplo conocido, a lo que pasó con el Watergate. Entonces, proteger la fuente es la manera de proteger el desenvolvimiento periodístico. Por eso es necesario un proyecto de ley. Porque hoy la cuestión está regulada de distinta manera y el periodista está expuesto a que lo citen como testigo. Y usted sabe que si una persona es citada como testigo y no dice lo que sabe, incurre en el delito de falso testimonio. Que no es sólo mentir, sino también no decir lo que se sabe. Entonces, este proyecto lo que dice es que lo releva de la obligación de declarar cuando se trata de revelar datos que identifiquen a su fuente. Por ejemplo, también lo pone a salvo de medidas de prueba como secuestros, allanamientos e intervenciones telefónicas que apunten a eso. A lo demás no. Y también, lo pone a salvo de sus empleadores. Porque, eventualmente, un empleador puede pretender acceder o querer conocer la identidad de esa fuente y el derecho es más del periodista que del medio de comunicación donde trabaja.
-Y teniendo en cuenta las posiciones sesgadas que suele tener el presidente de la comisión de Libertad de Expresión (Leopoldo Moreau), ¿cuál cree que será la respuesta del Congreso ante este proyecto?
-Tenemos la esperanza de que se pueda tratar. Este proyecto de ley ingresó hace poco, en el mes de septiembre. No fue girado a la comisión de Libertad de Expresión. Vaya a saber uno por qué, fue girado a la comisión de Legislación Penal. Y nosotros tenemos toda la expectativa puesta en que está hecho con buena fe. Y con la finalidad de cumplir un mandato constitucional, que creo que las fuerzas democráticas comparten. Así que, creemos que hay que dar el debate y que, en todo caso, cada tiene que exponer su parecer. No se trata de inventar nada, por otra parte, sino se trata de darle operatividad plena a algo que está garantizado en la Constitución.
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