El antecedente de Milei recomendando otra supuesta estafa cripto

El presidente Javier Milei se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras recomendar en sus redes sociales un proyecto cripto llamado Viva la Libertad Project, cuyo token, $LIBRA, sufrió un desplome abrupto en cuestión de horas. Este episodio despertó el recuerdo de un antecedente similar: en 2021, cuando aún era diputado, Milei promovió CoinX, una plataforma que prometía altos rendimientos y que posteriormente fue denunciada por estafa.

En aquel momento, el libertario elogió abiertamente a la empresa y aseguró que representaba una solución financiera para los argentinos frente a la inflación. Sin embargo, un año después, la Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió sus operaciones por no estar habilitada para ofrecer inversiones. El colapso de CoinX dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias, un desenlace que parece repetirse con la criptomoneda promovida recientemente por el mandatario.

CoinX se presentó como una plataforma de inversión que aseguraba rendimientos mensuales en dólares de hasta un 8%, una propuesta sumamente atractiva en el contexto inflacionario que atravesaba Argentina en 2021. La empresa afirmaba operar con algoritmos de trading automatizado para garantizar ganancias constantes. Sin embargo, expertos del sector financiero advirtieron que tales tasas eran insostenibles y compararon su funcionamiento con un esquema Ponzi.

"Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles CoinX World de parte mía así los asesoran con lo mejor", expresó Milei en una publicación de Instagram en 2021.

Poco después, la CNV ordenó el cese de las operaciones de CoinX tras determinar que no tenía autorización para operar en el mercado financiero. En 2023, la empresa fue denunciada por fraude ante el juzgado del juez Ariel Lijo y, ese mismo año, la Policía Federal allanó 23 oficinas y domicilios vinculados a la firma en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Mientras tanto, miles de damnificados reclamaban la devolución de sus inversiones.