Suma tensión la causa por el concurso de Correo Argentino

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial le sumó tensión a la causa por el concurso de la empresa Correo Argentino, que pertenece a la familia del ex presidente Mauricio Macri y cuya quiebra impulsa el gobierno de Alberto Fernández. Este jueves, la Sala B rechazó la solicitud del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que anule una resolución que le negaba a la firma la recusación de Marta Cirulli, la jueza que debe definir si declara la quiebra de la empresa o acepta un salvataje, por entender que el TSJ «carece de eficacia jurisdiccional» para intervenir en el proceso. No obstante, reconoció el conflicto y le dio traslado a la Corte Suprema.

“Nos encontramos en el marco de un proceso concursal, cuyo conocimiento en razón de la materia es exclusivo de la Justicia Nacional en lo Comercial, donde los accionistas de la concursada acudieron en queja ante el Tribunal ahora oficiante invocando la ley n*402 de la Ciudad, que como se dijera anteriormente rige solo en el ámbito de la justicia local que tiene vedado, por no ser de su incumbencia, el conocimiento de causas como la presente”, plantearon las camaristas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Marta Ballerini en un fallo de nueve páginas al que accedió PeriodismoyPunto.

Y concluyeron: «Se decide rechazar en tanto carece de eficacia jurisdiccional, la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, comunicada mediante el oficio recibido el 25.06.21. Notifíquese electrónicamente y comuníquese por Secretaría esta resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13), al tribunal oficiante y a la Magistrada de primera instancia, y sigan los autos según su estado».

La decisión de las juezas Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini no sorprendió a los abogados de Correo Argentino, que ahora se preparan para batallar en otro terreno: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí llamó su atención la velocidad con la que la resolución llegó a manos de medios oficialistas, desde los que se fogonea la idea de la quiebra. En su mayoría pertenecen a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes están cerca de recuperar el control de la petrolera Oil Combustibles de la mano del hombre que en diciembre de 2003 decretó la revocada quiebra del Correo: el ex juez Eduardo Fabier Dubois.

El concurso de acreedores del Correo entró en etapa de «salvataje» a fin del año pasado. En esta instancia, la empresa de la familia Macri ofreció pagar $ 1.100 millones en una sola cuota o la cifra que decida la Justicia. Sin embargo, el Estado –que es el principal acreedor y es representado por el procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini– desestimó la propuesta y pidió la quiebra. A él se sumaron luego la AFIP, el Banco Nación y los trabajadores de Correo.

También dictaminó en contra de la propuesta la fiscal Gabriela Boquín, la funcionaria que durante el gobierno de Macri denunció que el ex presidente intentó perdonarle $ 70 mil millones por la deuda del Correo. Pero un estudio realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo), que contempló 126 escenarios posibles, demostró que eso era falso. Según el mismo, el Grupo Macri debe pagarle al Estado entre $ 821 millones y $ 14 mil millones. El monto varía en función de las tasas de interés y coeficientes de ajustes que se apliquen sobre el monto del crédito verificado por el Estado Nacional: $ 296.205.376,49.