Walter Mercuri se hizo cargo de la situación después de que Verónica Zamboni se ausentara por licencia. El jueves pasado se inició la inspección de los teléfonos confiscados, incluyendo el de una de las personas afectadas.
Policiales14/11/2024
Alejandra Larrea
La indagación sobre el colapso del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, que tuvo lugar el 29 de octubre pasado, continúa en marcha sin pausa. Hoy temprano, se iniciaron una serie de investigaciones judiciales en relación a los teléfonos móviles asociados al caso de la catástrofe que resultó en ocho víctimas fatales y una persona herida. Según fuentes del caso consultadas por Infobae, se han incautado varios teléfonos móviles pertenecientes a los acusados, así como uno que era propiedad de una de las víctimas mortales.
De acuerdo con lo comunicado por la agencia Noticias Argentinas, las investigaciones dieron inicio este jueves a las 8.00 horas. Expertos iniciaron un minucioso análisis de las comunicaciones y datos presentes en los dispositivos de las víctimas y de diferentes individuos relacionados con el proyecto, encargados de la gestión y ejecución de las labores de renovación en el edificio. Se busca obtener pruebas que arrojen luz sobre las causas y responsabilidades en el trágico suceso.
Dentro de los dispositivos examinados se halla el perteneciente a Nahuel José Stefanic, el sobrino de la fallecida propietaria, María Rosa Stefanic, quien perdió la vida en el derrumbe. Además, se investigan los teléfonos de Antonio Arcos Cortés, quien recientemente adquirió el local, junto con los del arquitecto Jorge Bonavita y el contratista Rubén Taquichiri.
Los dos últimos individuos fueron arrestados, pero lograron ser liberados, y en este momento están siendo acusados por el delito de causar daño involuntario de manera agravada. La ley los acusa de ser los posibles culpables de una falta que podría haber resultado en el derrumbe del edificio.
Dentro de las investigaciones se están examinando los teléfonos de Oscar Roberto Velázquez y Sergio Aníbal Álvarez, quienes están siendo investigados por su posible conexión con el caso. Dentro de las personas cuyos dispositivos serán examinados se encuentran también las arquitectas María Laura Lagana y Martha Pérez Schneider.
Las expertas colaboraron en las labores de renovación del complejo hotelero y, según informantes cercanos a la pesquisa, su función en el proyecto es crucial para averiguar si hubo señales previas o avisos sobre la estabilidad del edificio que no fueron tomados en cuenta.
En un cambio inesperado en el rumbo de la investigación, el fiscal Walter Mercuri asumió el control del caso después de que la fiscal Verónica Zamboni se tomara una licencia por razones personales.
Mercuri impugnó las liberaciones concedidas a Bonavitta y Taquichiri, quienes habían sido puestos en libertad hace seis días, aunque con limitaciones.
En ese instante, el juez de Garantías de Villa Gesell David Mancinelli tomó la decisión de establecer dos requisitos para que los acusados puedan continuar el proceso en libertad: les prohibió salir del país sin permiso judicial y les exigió presentarse semanalmente en la comisaría más cercana a su hogar durante los próximos cuatro meses.
De acuerdo con la denuncia, se señala que Bonavita supervisaba en secreto las labores de renovación del hotel sin tener la autorización correspondiente de las autoridades municipales. Taquichiri fue capturado en Ostende por la PFA y la Policía Bonaerense, después de que la fiscalía recibiera un informe pericial que mostraba "diversas irregularidades en la edificación de un moderno ascensor" en la sección del hotel que aún se mantenía en pie.
De este modo, ningún sospechoso permanece bajo custodia por este asunto. Antes, se había dejado en libertad a los supervisores y constructores Celso Paco Pérez (66) y su hijo, Sergio Daniel Paco Laura (33), residentes en Villa Gesell; Miguel Andrés Choque Juchani (26), que vive en Ostende; y Diego Alberto González. Los cuatro continúan conectados al caso, a pesar de todo.
El principal sospechoso es un ciudadano guatemalteco de 33 años que viajaba en el mismo tren que la víctima. La Policía neoyorquina calificó el hecho como “uno de los crímenes más depravados que una persona puede cometer".
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