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Se realizaron allanamientos en 65 ciudades bonaerenses. Una de las casos fue en la cárcel de Florencio Varela, donde se descubrió que dos celdas habían sido acondicionadas como “búnkeres” para almacenar y distribuir imágenes de chicos siendo abusados.
Policiales13 de noviembre de 2024En una operación masiva y sin igual realizada en la provincia de Buenos Aires, 70 jóvenes fueron liberados el martes como consecuencia de una extensa acción contra redes de abuso sexual infantil en internet. Un total de 20 individuos fueron arrestados, mientras que 112 personas quedaron bajo sospecha después de llevar a cabo 115 operativos en 65 localidades de la provincia de Buenos Aires.
En la "Operación Protección de las Infancias IV", la Policía Federal Argentina colaboró con las fuerzas policiales de la provincia y ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección del Ministerio Público de Buenos Aires.
A partir de las seis de la mañana del martes, más de 1.140 agentes se movilizaron para desmantelar organizaciones que estaban involucradas en la fabricación y difusión de contenido perjudicial para menores. Bajo la supervisión del procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, y Eleonora Weingast, quien dirige el Departamento de Delitos Relacionados con la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, se llevó a cabo la operación que culminó con la confiscación de numerosos dispositivos de almacenamiento, teléfonos y armas de fuego en diversas zonas.
Durante la redada, las autoridades inspeccionaron la prisión de Florencio Varela y encontraron que dos celdas habían sido transformadas en "escondites" para guardar y repartir material de explotación infantil. En ese lugar, los agentes descubrieron múltiples teléfonos móviles y un ordenador que los reclusos empleaban para administrar la distribución de material prohibido. Los expertos indicaron que los miembros de este grupo habían descargado una aplicación que aparentaba ser una calculadora, pero en verdad posibilitaba la entrada a carpetas secretas donde guardaban las fotos y videos.
La Estación de Policía de Berazategui, la Dirección de Análisis de la Conducta Criminal y Victimológico, y la SIDE Agencia de Seguridad Nacional colaboraron en dichos procedimientos.
De acuerdo con informantes del sistema judicial, los reclusos pedían a las personas afectadas –todas ellas menores de edad– que les enviaran material perjudicial, el cual luego utilizaban para chantajear a las víctimas con el fin de evitar la difusión del contenido. Los arrestados, a su vez, difundían este contenido con otros reclusos y personas ajenas a través de la misma plataforma.
Durante esta operación de registro en particular, los agentes informaron a seis reclusos sobre los cargos en su contra y confiscaron siete teléfonos móviles. Un miembro destacado de esta organización, sentenciado a 50 años de cárcel por cometer actos de índole sexual, guardaba archivos meticulosamente ordenados con los nombres de las personas afectadas.
Un total de 115 sitios fueron examinados en más de 64 localidades de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Avellaneda, Lanús, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Mercedes, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro y San Martín. En el gran operativo, la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de Buenos Aires, la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, y la Dirección de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, junto con las DDI y DUOF de varias áreas, trabajaron en conjunto.
Como consecuencia, los agentes incautaron 528 unidades de almacenamiento y 260 móviles, junto con múltiples armas de fuego. Se llevaron a cabo triajes en 32 registros, donde se revisaron los contenidos de los dispositivos en el lugar para garantizar la integridad de las pruebas.
Durante una investigación llevada a cabo en La Matanza, se descubrió una escena inquietante en una pared, donde se sugería que una niña había sido víctima de abuso por parte de su padre, quien además estaba relacionado con la difusión de imágenes perturbadoras de menores.
Además de examinar la posesión y reparto de material de explotación infantil, las autoridades están indagando la eventual creación de este tipo de contenido, el acoso cibernético (grooming) y la coerción. La operación es parte de una secuencia de medidas que comenzaron en 2023 con una pesquisa dirigida por el fiscal Fernando Grafigna desde la oficina fiscal de Junín. La investigación se enriqueció gracias a la cooperación de 25 fiscalías que han estado plenamente involucradas en descubrir y llevar ante la justicia a los culpables.
Además de las fuerzas locales y nacionales, la misión recibió apoyo de entidades internacionales, como la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security Investigations), y de organizaciones no gubernamentales como Grooming Argentina, Mamá en Línea, Aerial Recovery, Operation Underground Railroad (OUR) y The Exodus Road (TER). En la operación, contamos con la presencia de Verónica Toller, Directora Operativa del Comité Ejecutivo en la batalla contra la Trata de Personas, y Fernando Vedoya, miembro del equipo técnico del Comité, junto a representantes de TikTok y otras organizaciones internacionales.
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