Ratificaron la sentencia a Cristina Kirchner de seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para desempeñar puestos públicos

Hoy, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia a seis años de cárcel para la ex mandataria Cristina Kirchner por el delito de gestión fraudulenta en el caso de la obra pública otorgada al emprendedor Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

La Sala IV de Casación, en un veredicto de 1541 páginas, ratificó las condenas de Báez (6 años de cárcel), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex director de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses

Además, ratificó las absoluciones de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, Abel Fatala, Héctor Garro, ex empleado de Vialidad de Santa Cruz y Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex empleado de Planificación Federal. Se confirmó la absolución de Carlos Kirchner mediante prescripción.

El fallo fue divulgado por Casación en una audiencia pública realizada en los tribunales de Comodoro Py, donde se leyó la resolución. Los magistrados Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña corroboraron la sentencia de Cristina Kirchner, mientras que Gustavo Hornos optó por inculcar a la ex mandataria el delito de asociación ilícita, tal como la Fiscalía había solicitado.

El veredicto no producirá impactos específicos ya que puede ser impugnado por todas las partes, permitiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga. Para ello cuentan con 10 días laborables. El máximo tribunal será el encargado de resolver el expediente y si confirma la resolución de hoy de Casación, la sentencia quedará definitiva y lista para ser ejecutada. Sin embargo, la Corte no establece tiempos para solucionar.

Además, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la confiscación de cerca de 84.000 millones de pesos.

La audiencia tuvo lugar en una sala de juicio del piso inferior de los tribunales de Comodoro Py. De los 13 imputados en el caso, solo Fatala estuvo presente. Ninguno tenía la obligación de estar, dado que sus abogados les representaban. No obstante, Alberto Beraldi, representante de Cristina Kirchner, no asistió y comunicó a Casación que no asistiría al juicio.

Cuando se emitió el fallo, Cristina Kirchner formaba parte del partido de Moreno en Buenos Aires. "Voy a llevar a cabo un evento con la alcaldesa Mariel Fernández y 400 mujeres", publicó en las plataformas sociales. La ex mandataria recibió respaldo en el exterior de los tribunales de una clase pública liderada por Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y Juan Grabois, líder social.

Los pormenores de la sentencia judicial

Los sucesos examinados corresponden a la gestión de cincuenta y un procesos de licitación pública destinados a la edificación de infraestructuras viales en rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, desde 2003 hasta 2015. En este contexto, se produjo una significativa acción fraudulenta que afectó los intereses económicos de la administración pública del país.

Se demostró que durante ese lapso, las obras de vía pública licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente otorgadas a un conjunto de compañías relacionadas con el acusado Lázaro Antonio Báez. Este grupo, cuyo desarrollo y expansión económica exponencial se relacionaron directamente con la asignación de obras viales públicas en esa jurisdicción. Los procesos se realizaron principalmente por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), debido a las facultades concedidas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, en ocasiones, por este último ente de manera directa. Los acusados, Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, antiguos empleados de las agencias viales mencionadas, actuaron corroborando anomalías durante el proceso de licitaciones y la realización de las construcciones.

Además, se asignó responsabilidad a José Francisco López, que ejerció como Secretario de Obras Públicas.

Además, se exhibió una serie de acciones gubernamentales del Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de materializar la realización de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de anomalías. En ese contexto, sobresalió la firma de la entonces mandataria de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, del Decreto PEN 54/09 -con la intervención previa de José Francisco López, quien desde la Secretaría de Obras Públicas propuso la medida-, decreto que habilitó a la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la dirección de Nelson Periotti, a financiar directamente las obras viales que se le asignaban de manera irregular a Lázaro Báez.

El daño económico causado a la administración pública por el crimen se pudo calcular en cerca de 84.000 millones de pesos.