A petición del fiscal a cargo, Alejandro Ferlazzo, se llevó a cabo una operación en la que se confiscaron teléfonos móviles de varios agentes y documentos. No se llevaron a cabo arrestos.
Policiales12/11/2024
Alejandra Larrea
En la mañana de hoy martes, la División de Asuntos Internos llevó a cabo un registro en la comisaría 9ª de Rosario, por orden del fiscal Alejandro Ferlazzo. Este fiscal está investigando el asesinato del líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y su compañero Daniel Raúl “Rana” Attardo. Ambos sufrieron un ataque armado el sábado pasado al salir del encuentro jugado en el Gigante de Arroyito contra San Lorenzo.
Según los datos iniciales del proceso, se ha instruido a los agentes para confiscar los teléfonos móviles de los oficiales de la Policía de Santa Fe que están asignados a esa unidad. El representante del Ministerio Público de la Acusación también ordenó confiscar cualquier documentación relacionada con el incidente, según informaron fuentes del caso a Infobae, quienes especificaron que no se ha ordenado arrestar a ningún oficial.
Se sospecha que la operación está vinculada a declaraciones de seguidores de Central y personas que, a través de mensajes de voz en WhatsApp y en una plataforma en línea, informaron que después del tiroteo, una ambulancia y un vehículo policial pasaron por el área sin detenerse, continuando su trayecto.
En la actualidad, Ferlazzo está siguiendo dos importantes líneas de investigación en el caso de doble asesinato. En una de las investigaciones se busca determinar si Los Monos podrían estar detrás del asesinato de Samuel Medina, también conocido como “Gordo Samu”, quien era yerno de Ariel Máximo “Guille” Cantero. En la otra pesquisa, se indaga si la presunta banda apodada “Los Menores” está involucrada en el suceso ocurrido en la región noroeste de Rosario.
La primera teoría se fundamenta en la demostración de autoridad que llevaron a cabo desde el entorno de Medina tras el asesinato. Durante el partido en casa contra Banfield, lanzaron petardos que provocaron un retraso en el juego y exhibieron pancartas con mensajes desafiantes como "No tememos a nadie", "Siempre león, nunca cordero" y "El clan de Quique".
La segunda vía de investigación surge de las palabras expresadas por Bracamonte en una entrevista concedida al periódico La Nación hace tres semanas.
En las crónicas policiales surgió la presencia de "Los Menores" en septiembre pasado, luego de que un joven miembro de la banda se resistiera a continuar con la venta en uno de los puntos de venta, siendo posteriormente secuestrado y trasladado a las orillas del arroyo Ludueña, donde intentaron acabar con su vida disparándole. Tras lanzarse al agua, la persona atacada consiguió evadir los tiros.
Durante la noche del lunes, el cuerpo de Bracamonte fue llevado con gran resguardo por las autoridades desde el Instituto Médico Legal hasta el cementerio El Prado en la ciudad cercana de Pérez. La familia había pedido que lo incineraran, sin embargo, la Justicia local rechazó la petición debido a la posibilidad de necesitar realizar una segunda autopsia durante la investigación.
Por otro lado, Attardo recibió su último adiós en una elegante funeraria ubicada en el corazón de Rosario, para luego ser sepultado en el cementerio El Salvador. Durante el acto, se llevó a cabo un operativo especial a cargo de la Tropa de Operaciones Especiales y la Gendarmería, con la asistencia de un dron.
El titular de la asociación de Empresas Fúnebres de Santa Fe, Luis Pinilla, aclaró en Radio 2 que ninguna cochería había recibido consultas por parte de la familia del jefe de la barra brava Canalla para el velorio y posterior cortejo fúnebre. “Nadie preguntó por el servicio”, aseguró.
“Esto se manejó de una forma reservada. Una empresa participó en el traslado y lo llevaron al cementerio El Prado (de Pérez) de una forma tapada para que no salga a conocimiento”, dijo Pinilla al tiempo que añadió: “Es peligroso velar el cuerpo de una persona relacionada con el delito, pero si hay presencia de seguridad, de policías y móviles, todo pasa a un segundo plano porque te garantizan una actividad tranquila”.
El descubrimiento del automóvil tuvo lugar en un taller situado en Puerto San Martín, donde los detectives intentan determinar si se trata del mismo vehículo captado por cámaras de vigilancia cerca de la residencia de la joven.
Walter Mercuri se hizo cargo de la situación después de que Verónica Zamboni se ausentara por licencia. El jueves pasado se inició la inspección de los teléfonos confiscados, incluyendo el de una de las personas afectadas.
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