Andrés Vázquez, el nuevo jefe de la DGI, compró tres propiedades en Miami por US$2 millones a través de empresas en el extranjero, pero no las declaró en la Oficina Anticorrupción.

Andrés Edgardo Vázquez, el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), compró tres propiedades en Estados Unidos a través de empresas del extranjero por más de 2 millones de dólares. Sin embargo, ni él ni las empresas informaron sobre esas propiedades en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción (OA). Esta información proviene de documentos contables, societarios y bancarios analizados por LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El funcionario que fue nombrado en octubre para combatir la evasión fiscal y aumentar la recaudación de impuestos administra dos de esas propiedades; la tercera la vendió. Lo hace a través de un conjunto de empresas en las que tiene acciones desde hace 12 años. Según la información disponible, esas compañías siguen en funcionamiento. Se trata de una empresa formada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que tiene el control de dos compañías en Panamá. Estas, a su vez, fueron utilizadas para comprar propiedades en Miami. Si se hubiera vendido esos activos, no está registrado en ninguno de los documentos oficiales donde debería aparecer.

No es la primera vez que se vincula a Vázquez con actividades en paraísos fiscales. En 2011, enfrentó una denuncia porque desde noviembre de 2004 habría estado controlando, junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez, una cuenta bancaria en el ING Bank NV de Curazao con US$442.113. Estos fondos, supuestamente, fueron enviados en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. En esa ocasión, Vázquez no reportó la información al fisco argentino y tuvo que enfrentar una investigación penal. En 2022, fue sobreseído porque el juez federal Ariel Lijo no recibió respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para comprobar la existencia de esas cuentas. Dado que no era posible continuar, Lijo cerró la investigación.

Los funcionarios como Vázquez deben cumplir con la Ley de Ética Pública, que está en vigor desde 1999. Esta ley les obliga a presentar ante la OA una declaración jurada donde deben detallar todos sus bienes, tanto inmuebles como muebles, así como sus acciones (incluyendo las de su pareja). Ese informe debe actualizarse cada año y es público. No informar sobre parte del patrimonio puede ser un delito de “omisión maliciosa”, según el artículo 268 del Código Penal, y las penas pueden incluir la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. También puede llevar a una investigación por posible enriquecimiento ilícito, si el funcionario no puede explicar de manera legal de dónde provienen sus bienes.

En los últimos veinte años, muchos funcionarios tuvieron problemas legales por supuestamente no declarar bienes de manera intencionada. Desde el expresidente Carlos Menem y el exrector de la UBA, Oscar Shuberoff –ambos fueron procesados, pero con el tiempo se beneficiaron por la prescripción de la acción–, hasta Pablo Alejandro Brula, un exfuncionario de la AFIP acusado de no revelar su participación en una empresa offshore mencionada en los Pandora Papers. La Corte Suprema no aceptó su queja y confirmó su procesamiento, en septiembre pasado.

LA NACION intentó comunicarse con Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre, mediante su correo electrónico personal y a través de un representante de la AFIP. Se le enviaron preguntas específicas sobre su situación financiera, pero hasta el cierre de esta edición decidió no responder.

Vázquez, de 64 años, trabaja en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora llamada ARCA, desde 1990. Fue una figura importante durante años en el área de inteligencia fiscal del organismo y director de la importante Regional Sur Metropolitana del ente recaudador entre 2009 y 2016, según lo indicó en su cuenta de Linkedin, donde no hay una foto de su rostro.

Su nombramiento como líder de la DGI generó mucha sorpresa dentro del Gobierno: el decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvieron en el procedimiento. Tampoco firmó Florencia Misrahi, quien era la jefa de la AFIP y a quien Milei despidió el 7 de este mes.

Mientras ocupaba puestos altos en la AFIP, Vázquez tenía acciones en Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, creadas entre 2015 y 2016 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Al mismo tiempo, la Justicia argentina seguía investigándolo por sus supuestas cuentas en Curazao y Luxemburgo, pero no avanzaba con las solicitudes que pedían la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para obtener información del extranjero.

El inicio de la operación.

Vázquez empezó a comprar propiedades en Estados Unidos en enero de 2013. Compró dos casas en Miami a nombre de Alcorta Corp, según documentos oficiales de la ciudad. Dos años después, compró un tercer departamento en Miami, que fue adquirido por otra empresa panameña, Pompeya Group Corp, según los registros oficiales del condado Miami-Dade.

¿Qué propiedades son las que se mencionan? El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp compró la unidad 3504 en el lujoso complejo Icon Brickell, ubicado en el 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Al día siguiente, el 10 de enero, esa compañía compró otro departamento cerca, pero a un precio más bajo: pagó 350.000 dólares por la unidad 2811 en el edificio en el 1060 de la avenida Brickell.

Dos años y medio después, ocurrió otro evento en Estados Unidos. Pompeya Group Corp adquirió la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, según los registros oficiales del condado de Miami. La operación, realizada el 20 de julio de 2015, fue por 980.000 dólares, según los registros revisados.

Después de que se publicaron los Panamá Papers en 2016, Vázquez se alejó un poco más de los bienes raíces en Estados Unidos. Para lograr esto, se dirigió a Galanthus Capital Limited, que se convirtió en la empresa holding que controla a las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.

Desde ese momento, el grupo de compañías y propiedades se mantuvo firme por un poco más de dos años y medio, hasta que la primera sociedad, Alcorta Corp, vendió el inmueble más pequeño. El 22 de marzo de 2018, vendió la unidad 2811 del edificio en 1060 Brickell Avenue por 350.000 dólares. ¿Quién lo compró? Una nueva sociedad: 1390 Brickell 2811 Corp.

Después de esa venta, Vázquez siguió relacionado con la empresa Galanthus Capital (BVI), que controlaba Alcorta Corp (Panamá) y Pompeya Group (también de Panamá). Estas empresas eran dueñas de dos propiedades, una en Miami y otra en Sunny Isles, en Florida, cuyo valor total era cerca de 1.690.000 dólares. Esto sigue así hasta hoy, según la documentación revisada.

Sin embargo, en la Oficina Anticorrupción (OA) no se registra que Vázquez haya declarado esas propiedades ni la propiedad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. En la última información del 2023, registrada el 31 de octubre, se indicó que tiene tres cuentas bancarias en Estados Unidos, con depósitos que suman menos de 3000 dólares, además de varias propiedades en Argentina. Por otro lado, LA NACION no pudo verificar si Vázquez lo declaró ante la agencia tributaria argentina, ya que esa información está protegida por secreto fiscal.

La fotocopia del pasaporte.

¿Cómo está relacionado Vázquez con la red de sociedades? Panchy Ventures Limited está registrado junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa y funcionaria de la AFIP, de quien se divorció después. Tienen un título de copropiedad con derecho de supervivencia y un paquete de 50.000 acciones que compartieron a partes iguales, hasta que la sociedad se disolvió en 2022. En Galanthus Capital Limited, Vázquez es el único director de la empresa creada por el bufete Trident Trust. Este lo identificó como "Persona Políticamente Expuesta" (PEP) y abrió un expediente que incluye una copia de la primera página de su pasaporte, su correo electrónico personal y una dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, que coincide con la que aparece en su pasaporte.

La copia del pasaporte que Vázquez envió a Trident Trust también incluye la única foto conocida del rostro del funcionario, que LA NACION muestra en esta investigación. Vázquez trabajó durante años para que no hubiera fotos de él en Internet, a pesar de las demandas de su trabajo como jefe de la DGI.

Vázquez contactó a Galanthus Capital Limited para que gestionara propiedades en Estados Unidos que ya tenía a través de las dos empresas que creó en Panamá, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.

La famosa simpatía por el fútbol de Vázquez ofreció un dato final. Está vinculado al club Huracán, al que donó pequeñas cantidades de dinero en 2011 para mejoras en sus instalaciones. Su correo electrónico privado menciona a ese club (“La Quema”), y los nombres de las dos empresas que formó en Panamá también hacen referencia a esa institución: el estadio de Huracán se encuentra en la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya.

Sobre "cuevas" y omisiones

Vázquez tiene un pasado problemático con su patrimonio: se le acusó de no haber informado al fisco argentino sobre sus cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo en las declaraciones que presentó ante la Oficina Anticorrupción y el fisco entre 2000 y 2009, aunque él era funcionario de esa misma oficina, según la investigación que enfrenta en Argentina el actual titular de la DGI.

Del expediente judicial se sabe que la UIF recibió alertas sobre él, o alguien con el mismo nombre, de una unidad antilavado extranjera en 2005, según un informe confidencial de la Procelac. Pero se cerró el caso el 15 de noviembre de 2022.

El caso comenzó en 2011, cuando el juez Osvaldo Rappa envió a los tribunales de Comodoro Py la información encontrada sobre Vázquez en la "cueva" que operaba el BNP Paribas en el barrio de Catalinas en Buenos Aires. Se consideró que debía ser investigado a nivel federal por ser funcionario público, confirmaron fuentes judiciales. También mandó testimonios a la AFIP para que considerara empezar trámites administrativos.

El material del fuero ordinario se asignó por sorteo al Juzgado Federal N° 12, que era dirigido por Sergio Torres hasta que se convirtió en ministro de la Suprema Corte de Buenos Aires. Hoy el juez Lijo se hace cargo del juzgado 12. La causa en la que se investigó a Vázquez, número 8316/2011, tuvo varias dificultades. Una de ellas es la falta de disposición del Juzgado para pedir información a Luxemburgo a través de un exhorto. Vázquez rechazó ser el dueño de esas cuentas bancarias y dijo, al ser preguntado, que era víctima de una “operación de prensa” porque había liderado el gran operativo de la AFIP contra el Grupo Clarín, que se llevó a cabo en septiembre de 2009, durante la intensa campaña del gobierno kirchnerista contra esa empresa.

El 17 de noviembre de 2022, Lijo cerró el caso contra Vázquez y su hermana debido a la “imposibilidad” de seguir con la investigación. En otras palabras, no se trata de que se haya probado que Vázquez no tenía esas cuentas bancarias, sino de la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo a responder a las solicitudes argentinas. Indagados y sobreseídos en 2018 por el juez Sergio Torres –una decisión que la Cámara Federal anuló–, Lijo volvió a sobreseerlos cuatro años después. La decisión se mantuvo.

Un año después de que se cerrara su caso en Argentina, Vázquez mostró una larga lista de bienes que tiene en el país y en el extranjero, en su última declaración jurada disponible de 2023. Aclaró que tiene 10 propiedades en Argentina que adquirió con sus propios ingresos, por donaciones o herencias. Estas propiedades incluyen departamentos, una cochera y la mitad de una casa en un country. También tiene 10,5 millones de pesos en efectivo y tres cuentas bancarias en Estados Unidos con 2,1 millones de pesos. En otras palabras, casi 2700 dólares según el tipo de cambio que había en ese momento.

Vázquez también mencionó tres empresas en Argentina: Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA. En esta última imagen, como vicepresidente, aparece la misma hermana que controló las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo. En ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción mencionó, de manera directa o indirecta, las empresas en el Caribe ni las propiedades en Estados Unidos.

Con información de la investigación de Hugo Alconada Mon