Denuncias penales por evasión fiscal y riesgos sanitarios en el sector farmacéutico: la trama de ALFARMA SRL, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

La Dirección General Impositiva (DGI) ha presentado una nueva denuncia penal contra la firma ALFARMA SRL, vinculada al empresario Ariel García Furfaro, en medio de una investigación que busca esclarecer posibles maniobras de evasión fiscal en el sector farmacéutico. La acusación, radicada ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico, señala que la compañía habría evadido de manera agravada más de 112 millones de pesos en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante 2021 y 2022, uno de los montos más elevados detectados en los últimos años por el organismo.

Según los documentos oficiales aportados por la autoridad tributaria, la denuncia apunta a una serie de irregularidades, entre ellas, el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores identificados como contribuyentes “fantasma”, y la utilización de créditos fiscales que, de acuerdo a la normativa vigente, resultan totalmente injustificados. Además, se denuncia la sistemática omisión del prorrateo del IVA, un mecanismo obligatorio para ciertas actividades, lo que habría permitido a la firma presentar declaraciones juradas alejadas de la realidad fiscal.

Durante la fiscalización, los inspectores detectaron que ALFARMA SRL habría computado como crédito fiscal operaciones sustentadas en documentación sin respaldo genuino, lo que agravaría la gravedad del caso. La suma en disputa, que supera los 112 millones de pesos, configura una imputación por evasión agravada, con penas que superan las previstas en infracciones menores.

Este proceso judicial se suma a otra denuncia presentada días atrás por ARCA contra HLB Pharma Group S.A., también bajo la titularidad de Furfaro, por una presunta evasión en concepto de IVA por más de siete millones de pesos durante 2019 y 2020. Ambas investigaciones están enmarcadas en el escándalo nacional vinculado a la circulación ilegal de fentanilo, en el que las firmas del grupo farmacéutico están siendo investigadas por su participación en la fabricación y distribución de medicamentos en medio de la crisis sanitaria y social desatada por la sustancia ilícita.

La investigación que involucra a las firmas HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo continúa revelando presuntas irregularidades que comprometen a sus responsables en un contexto de posibles delitos fiscales y de salud pública. Según fuentes cercanas a las pesquisas, las autoridades fiscales, a través de la Agencia de Recaudación ARCA, han detectado patrones persistentes de elusión impositiva vinculados a operaciones realizadas con proveedores considerados apócrifos, lo que indicaría una modalidad reiterada de evasión tributaria dentro de la estructura corporativa.

El análisis de la documentación presentada por las empresas ha permitido a ARCA identificar maniobras similares en distintos ejercicios fiscales, particularmente en las declaraciones de los años 2019 y 2020. En estos períodos, la firma HLB Pharma habría utilizado facturas de proveedores sin capacidad operativa ni financiera para computar créditos fiscales y así disminuir fraudulentamente su carga del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La evasión atribuida a estas maniobras asciende a aproximadamente 7,2 millones de pesos, de los cuales más de 3 millones corresponden a 2019 y cerca de 4 millones a 2020.

En línea con estas irregularidades, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra HLB Pharma, en la que se señala que la compañía reconoció explícitamente la utilización de comprobantes falsificados para reducir su carga tributaria. La Ley 27.430 establece que la evasión agravada mediante documentos apócrifos puede acarrear penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión.

Por otra parte, en un escenario que combina aspectos sanitarios y penales, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó recientemente el allanamiento de 22 domicilios vinculados a HLB Pharma y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo. La medida responde a una investigación que vincula la producción y distribución de varios lotes de fentanilo con al menos 53 fallecimientos en hospitales y clínicas, aunque las fuentes indican que el número de víctimas podría ser mayor. La causa se sustenta en análisis realizados sobre 267 expedientes abiertos por desvío de calidad y otras irregularidades en la fabricación de medicamentos, en respuesta a 133 alertas de diversa gravedad.

Estos procedimientos judiciales se enmarcan en un proceso en el que las autoridades buscan calificar con precisión los delitos y determinar la responsabilidad de los directores técnicos y representantes legales de las firmas involucradas. En las sucesivas inspecciones, también se detectó la venta de partidas contaminadas con bacterias peligrosas, incluyendo un lote de fentanilo en solución inyectable, lo que ha generado alarma en los ámbitos regulatorios y sanitarios.

La complejidad de estos casos revela una problemática multidimensional que abarca tanto la evasión fiscal como la seguridad de los medicamentos que circulan en el mercado, poniendo en evidencia la necesidad de una vigilancia exhaustiva y coordinada para prevenir delitos que afectan tanto a la economía como a la salud pública.