Red de espionaje, corrupción y lavado de dinero: condenas, investigaciones y vínculos internacionales en el entramado delictivo liderado por D’Alessio

El Tribunal Oral Federal N° 8 ha establecido que la investigación sobre el entramado criminal desentrañado a partir de la denuncia del empresario Pedro Etchebest revela una trama mucho más compleja y extensa de lo que inicialmente se pensaba. En su fallo, los jueces condenaron a Marcelo D’Alessio, considerado un "falso abogado", a 13 años y seis meses de prisión, junto a varios cómplices que conformaban una asociación ilícita dedicada a la extorsión y al lavado de activos.

El veredicto también ordena la continuación de la investigación para esclarecer dos aspectos clave aún pendientes: el circuito internacional para blanquear dinero y la posible filtración de información confidencial desde organismos estatales. Durante el proceso judicial, quedó probado que D’Alessio, junto con ex agentes de inteligencia como Ricardo Oscar Bogoliuk y Rolando Hugo Barreiro, llevaron adelante maniobras de espionaje ilegal. Su objetivo era obtener, producir y almacenar información sobre diversas personas, muchas de las cuales fueron extorsionadas mediante amenazas de involucrarlas en causas judiciales, escraches u operaciones mediáticas.

Estos ex agentes, que fueron condenados a9 años y medio y seis años de prisión respectivamente, accedían a la información a través de fuentes públicas y bases de datos restringidas, principalmente gracias a sus vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad. Aunque algunos de estos casos fueron probados en sede judicial, otros aún están en investigación y serán continuados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

El tribunal identificó específicamente a cuatro personas, conservando en reserva la identidad de tres de ellas por su cargo como agentes de inteligencia, mientras que una trabajaba en la cartera de Seguridad. La condena y las órdenes de investigación futura dejan en evidencia la existencia de un entramado de espionaje y corrupción que continúa siendo objeto de investigación en busca de esclarecer toda la dimensión de las redes delictivas implicadas.

La investigación revela que una persona identificada como Herrera fue señalada por las autoridades como la responsable de consultar datos en la Dirección de Migraciones relacionados con el empresario petrolero Mario Cifuentes. Los registros oficiales muestran que su ingreso se produjo el mismo día en que D’Alessio recibió la información, un hecho que fue corroborado durante el proceso judicial.

Asimismo, las investigaciones sugieren que agentes de inteligencia de identidad reservada habrían llevado a cabo maniobras similares de recopilación de información. Entre sus actividades, se destaca la búsqueda sistemática de datos clasificados, incluyendo información sobre la modelo Natacha Jaitt, en un caso que también fue parte del juicio. Posteriormente, estos datos habrían llegado a manos del supuesto abogado falso, condenado en el expediente.

Los fiscales Marcelo Colombo y Miguel Yivoff argumentaron que dichas maniobras de espionaje ilegal habrían ocurrido fuera del marco de las órdenes oficiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En sus alegatos, destacaron que D’Alessio gozaba de un alto nivel de inserción en ciertos ámbitos públicos, sustentado en su imagen como “experto en narcotráfico”, lo que le habría facilitado operar con un grado significativo de autonomía y cobertura en sus acciones.

El 14 de agosto de 2017, en una reunión en la sede del Ministerio de Seguridad, participaron figuras clave del Estado en el marco de una investigación por lavado de dinero. Entre los asistentes estaban la entonces ministra Patricia Bullrich, el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, y el operador mediático y supuesto nexo en casos vinculados a actividades ilícitas, D’Alessio. Este encuentro fue confirmado por el propio organismo a los investigadores y constituye un ejemplo de las interacciones entre actores estatales y actores vinculados a las investigaciones en curso.

En el marco de la causa, los jueces del Tribunal Oral Federal N° 8, Sabrina Namer, Nicolás Toselli y María Gabriela López Iñiguez, solicitaron al juez Ercolini que profundice en la participación de varios individuos en una estructura internacional de lavado de dinero. Entre los nombrados figuran Teodoro Menes Ortega, Mike Jefferson, Joseph Daniel Ruiz, Eglain Villanueva, Claudia Morales, Aleko Rogachevsky y Joaquim Badia López, considerados nodos en una red ilícita que operaba a nivel global. La investigación, que comenzó con las pesquisas del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, revela cómo estas piezas conformarían un rompecabezas financiero que vincula a la asociación ilícita liderada por D’Alessio.

Recientemente, el Tribunal condenó a Pablo Bloise, Marcelo González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez a tres años de prisión condicional, al considerarlos miembros de una organización dedicada al lavado de dinero. La decisión marca un avance en la investigación, que continúa desentrañando las conexiones internacionales y financieras de esta estructura ilícita.

El entramado del Grupo Buenos Aires, coordinado por Bogoliuk y D’Alessio, continúa revelando detalles complejos en torno a una red internacional dedicada a gestionar fondos ilegales en dólares y euros. Según fuentes judiciales, esta organización logró establecer una estructura que captaba millonarias sumas de dinero no justificadas legalmente y las trasladaba a cuentas en el extranjero para su resguardo.

La investigación, aún en curso, apunta a que Bloise sería el principal contacto a nivel global, con González Carthy de Gorriti encargándose del primer contacto con el dinero ilícito. Entre los casos destacados se encuentra la operación denominada “Sánchez”, donde se presume que Aldo Sánchez fue quien utilizó su nombre para transferir varios millones desde una cuenta en el Foreign Finance Bank de las Islas Comoras hacia el empresario dominicano Eglain Villanueva, vinculado a conexiones en el Banco Is Bankasi de Turquía. En esta operación también estaría involucrada Claudia Morales, quien figura en la lista de investigados.

El oficial bancario Mike Jefferson, mencionado en la investigación, habría facilitado esta operación y también participó en otra transferencia sospechosa de 290 millones de euros desde una cuenta en las Islas Comoras a HSBC Hong Kong, vinculada a Joseph Daniel Ruiz. Jefferson vuelve a aparecer como nexo en la operación “Contigo Conmigo Con México”, donde el contador mexicano Teodoro Menes Ortega, titular de una asociación civil con el mismo número de cuenta que Aldo Sánchez, también está implicado.

Otros nombres surgidos en las pesquisas incluyen al ruso Aleko Rogachevsky, quien habría utilizado su identidad para girar fondos ilícitos, y Joaquim Badia López, vinculado a GoldMax Development Limited, empresa con la que el Grupo Buenos Aires habría gestionado el cobro de comisiones, cuyos montos y porcentajes permanecen desconocidos.

El juez Ercolini, responsable de la causa, deberá profundizar no solo en la mecánica de los movimientos financieros, sino también en la identificación de los verdaderos beneficiarios del dinero, para desentrañar quiénes están detrás de estas operaciones millonarias y definir el alcance de la red internacional implicada.