La Corte Suprema anula el DNU de Milei y se abre una nueva tensión institucional

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló este miércoles contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, emitido por el presidente Javier Milei a poco de asumir su mandato. Por 4 votos contra 1, los jueces supremos consideraron que el decreto vulnera principios constitucionales fundamentales al legislar sobre materias que deben ser tratadas exclusivamente por el Congreso.

El DNU 70/2023 abarcaba una reforma integral en distintas áreas: flexibilización laboral, desregulación de precios, modificaciones al Código Civil y Comercial, entre otros. Desde su publicación en diciembre de 2023, generó un amplio rechazo en distintos sectores, incluyendo sindicatos, organismos de derechos humanos y juristas.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, mientras que el voto en disidencia fue de la jueza María del Carmen Battaini, recientemente incorporada al tribunal. En la sentencia se sostiene que “el Poder Ejecutivo ha excedido sus atribuciones al legislar sin justificación de urgencia suficiente”, y que “el Congreso no fue debidamente reemplazado, sino omitido”.

En una conferencia realizada tras conocerse el fallo, el presidente Milei calificó la decisión como “una traición del sistema judicial al mandato popular” y acusó a los magistrados de “obstaculizar las reformas que el país necesita para salir del pozo”. Además, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que contenga las reformas incluidas en el DNU, “pero con el respaldo democrático del debate parlamentario”.

Desde la oposición, la decisión fue celebrada como “un triunfo de la institucionalidad”. El diputado radical Facundo Manes declaró: “Hoy la República dio un paso adelante. No importa quién gobierne, la Constitución está por encima de cualquier persona”.

Los analistas políticos coinciden en que este fallo marcará un punto de inflexión en el gobierno de Milei, que hasta ahora había apostado por un modelo de decisiones centralizadas vía decreto. El revés judicial podría obligarlo a negociar más con el Congreso, donde aún no tiene mayoría.