Corrupción en la Seguridad Privada: Detención del Ex Presidente de Enersa y Revelaciones de la Causa Securitas

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la detención de Jorge González, expresidente de Enersa, una de las compañías a las que la empresa Securitas habría pagado coimas para quedarse con los contratos de seguridad privada.

La titular del Juzgado Federal de San Isidro ordenó además el allanamiento del domicilio del extitular de la empresa eléctrica provincial. González vive en el barrio privado Puerto Barrancas, ubicado en una zona exclusiva de Paraná, la capital provincial. Fue trasladado a Buenos Aires y el lunes será indagado por la magistrada.

El exfuncionario estuvo al frente de la empresa entre 2017 y 2021, lapso que se ubica entre el último tramo de la primera gestión de Bordet al frente de la provincia y los inicios de la segunda. Llegó luego de experiencias en otras distribuidoras eléctricas y con el antecedente de haber sido jefe de gabinete de la Municipalidad de Paraná entre 2003 y 2007, cuando gobernaba el peronista Julio Solanas.

En el operativo, realizado durante el sábado por personal de Gendarmería, se secuestraron elementos de interés para la causa Securitas. Esta investigación se inició por una autodenuncia de la firma por el pago de coimas a funcionarios de organismos y empresas estatales para ganar las contrataciones de seguridad privada.

Enersa es una empresa clave para el Gobierno de Entre Ríos. Presta servicio de distribución en gran parte de la provincia. Y actúa como transportadora para las cooperativas que cubren el resto del territorio. Es una sociedad anónima que se rige por la ley de sociedades comerciales y ha sido superavitaria desde su constitución hace dos décadas.

En el marco de una compleja investigación que ha sacudido el ámbito empresarial y político en Argentina, los empresarios entrerrianos Gustavo y Claudio Tortul han sido procesados en una causa que ha derivado en la indagación por enriquecimiento ilícito contra el ex senador Edgardo Kueider. Esta causa, que se ha hecho conocida como la "Causa Securitas", revela un entramado de corrupción que involucra a funcionarios públicos y a la empresa de seguridad privada Securitas Argentina.

La jueza María Servini de Cubría, en la que se encuentra la instrucción del caso, emitió una orden de allanamiento en el domicilio de un colaborador cercano a los Tortul, donde la Gendarmería Nacional realizó un operativo que culminó con el secuestro de significativas sumas de dinero en efectivo: 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos argentinos. Además, se requisaron dispositivos electrónicos, documentación relacionada con Enersa (la empresa provincial de energía), Securitas y otras entidades vinculadas a los hermanos Tortul, así como información contable sobre bienes muebles e inmuebles.

La génesis de la causa se remonta a 2020, cuando se llevó a cabo una auditoría interna en Securitas Argentina que reveló prácticas corruptas, incluyendo el pago de coimas a funcionarios públicos desde al menos 2013. Estos sobornos se habrían pagado con el objetivo de garantizar contratos con diversas instituciones estatales y cobrar deudas por servicios prestados en gestiones anteriores. En febrero de 2020, la filial argentina de Securitas AB, con sede en Suecia, se autodenunció y se ofreció a colaborar con la investigación judicial, en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Esto marcó un punto de inflexión en el caso, ya que permitió identificar indicios de pagos ilícitos a funcionarios entre finales de 2016 y principios de 2019.

Según los hallazgos de la investigación, los hermanos Tortul habrían realizado pagos en efectivo a funcionarios de Enersa con la finalidad de asegurar la renovación de un contrato con esta empresa estatal. Se sospecha que el dinero destinado a estos sobornos fue obtenido a través de una empresa ficticia llamada Tornell SA, la cual en realidad era otra de las empresas de los Tortul y que facturaba a Securitas por servicios que nunca fueron prestados.

El caso ha generado un amplio revuelo en el ámbito político y empresarial, evidenciando un sistema de corrupción que se ha arraigado en las relaciones entre empresas privadas y el sector público. El 4 de diciembre pasado, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de los hermanos Tortul, quienes enfrentan graves cargos que incluyen asociación ilícita en carácter de organizadores, cohecho activo como coautores, y negociaciones incompatibles con la función pública como partícipes necesarios.

La evolución de la causa Securitas seguirá siendo objeto de atención mediática y pública, a medida que se desvelan más detalles sobre las conexiones entre el sector privado y la política en Argentina, y se espera que el desarrollo de este proceso judicial aporte mayor claridad sobre el alcance de estas prácticas corruptas. La sociedad argentina se encuentra expectante ante la posibilidad de que se haga justicia y se sancione a los responsables de este entramado que ha perjudicado a las instituciones y a la confianza pública.