A partir de ahora, el caso tramitará en el juzgado federal 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti. Los primeros desafíos que tendrá que enfrentar la jueza.
Actualidad30 de marzo de 2021
Alejandro Cabrera
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes un pedido de Cristina Kirchner para llevar a la Corte Suprema la discusión en torno a la jurisdicción que debe investigar la causa por presunto espionaje ilegal macrista. De esta manera, confirmó el traspaso a los tribunales federales de Comodoro Py que dispuso en febrero pasado y cuyo cumplimiento quedó en suspenso a partir de la presentación de la vicepresidenta.
Con este fallo a las querellas sólo les quedaría ir en queja directa ante el máximo tribunal, lo cual no impediría que se cumpla con lo dispuesto por la Casación. Por lo tanto, el expediente, que hasta ahora estuvo a cargo del juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, empezará a tramitar en el juzgado federal 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Entre las primeras cuestiones sobre las que tendrá que resolver la jueza Capuchetti figuran la excusación presentada por el fiscal Carlos Stornelli y la posibilidad de dividir el expediente, que actualmente contiene las investigaciones sobre las tareas de vigilancia sobre Cristina Kirchner y el Instituto Patria, el espionaje a políticos, sindicalistas, dirigentes sociales, religiosos y periodistas y su correlato dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Justamente, el capítulo penitenciario fue el que obligó a Stornelli a presentar su excusación. En ese contexto se encuentran bajo investigación las escuchas legales que destaparon el «Operativo Puf», caso que la Cámara Federal ordenó reabrir y que tiene como querellante al fiscal. Por lo que, en caso de que Capuchetti resolviera dividir la causa, Stornelli podría intervenir en al menos un tramo del caso.
Tampoco puede descartarse que la denuncia del narco Sergio «Verdura» Rodríguez, quien ante la justicia de Lomas de Zamora declaró que, a pedido de un agente de la AFI macrista, colocó una bomba en la puerta de un edificio ubicado en avenida Callao al 1900 con el propósito de «darle un susto» a un entonces funcionario del Ministerio de Defensa, termine recayendo en manos del juez federal Sebastián Ramos, quien viene investigando el caso desde 2018.
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