El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó la inhibición de su colega María Eugenia Capuchetti y se quedó con la causa por presunto espionaje ilegal macrista, que semanas atrás pasó de Lomas de Zamora a Comodoro Py.

La jueza se había excusado de intervenir en la causa el pasado 23 de abril, luego de plantear que ella también fue víctima de supuestas tareas de inteligencia ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y que las mismas se encuentran bajo investigación en el marco de otro expediente, en el que se comprobó que sus movimientos migratorios fueron consultados en el Sistema General de Migraciones.

En ese contexto, Martínez de Giorgi resultó sorteado para hacerse cargo de la investigación el 26 de abril. Pero recién este lunes confirmó su decisión de aceptar la inhibición de Capuchetti y quedarse con la causa en la que están procesados los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el ex titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco, y otros 35 imputados.

No será la primera vez que a este juez le toque investigar a Arribas y Majdalani, pues fue quien tuvo que investigar la denuncia por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria en 2018.

Entonces, el magistrado sobreseyó a los ex funcionarios por entender que las tareas dispuestas sobre el búnker político de Cristina Kirchner habían sido ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y apuntaban a prevenir posibles atentados terroristas en la previa a la cumbre del G-20 celebrada ese año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero en febrero de 2020, la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció ante la justicia federal de Lomas de Zamora que el organismo falseó informes para darle cobertura legal a las supuestas tareas de espionaje político sobre la hoy vicepresidenta de la Nación y reimpulsó la investigación. Esa presentación forma parte del expediente que Martínez de Giorgi decidió tomar, por lo que no se descarta que las querellas busquen ahora apartarlo del caso.