Una situación preocupante se ha revelado en la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), donde se han identificado multimillonarios fondos mal administrados, la falta de controles adecuados, sospechas de fraude y diversas irregularidades. Esto ha culminado en una deuda cercana a los 100.000 millones de pesos y un déficit mensual de 4.200 millones de pesos, afectando a aproximadamente 760.000 afiliados que dependen de sus servicios médicos.
Este alarmante panorama surgió a raíz de la primera auditoría realizada en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) desde que el Gobierno decidió intervenir. Los resultados de esta auditoría se presentaron el viernes pasado a las autoridades nacionales de Salud y a la Justicia, destacando “la grave crisis financiera y estructural” que enfrenta la entidad. El informe señala que esta crisis es resultado de una gestión claramente fraudulenta por parte de sus líderes, específicamente mencionando al presidente de la UATRE, José Voytenco.
El informe, elaborado por el interventor Marcelo Petroni, revela que quienes debían garantizar una buena administración en beneficio de los afiliados han puesto en peligro la existencia de la obra social, generando un estado alarmante en lo administrativo y financiero. Además, este mismo informe fue remitido a la Justicia, donde el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, bajo la dirección de Federico Villena, investiga a Voytenco por presuntas irregularidades, incluyendo el desvío de fondos sindicales y lavado de activos.
Desde octubre pasado, las cuentas y bienes de Voytenco han sido embargados tras denuncias de otro dirigente del sindicato, Marcelo Andrada, quien cuestionó su estilo de vida y su relación con ciertos proveedores de servicios de la UATRE. Andrada también hizo hincapié en la falta de transparencia en la administración de OSPRERA, señalando que la obra social habría negado prestaciones a sus afiliados en momentos críticos.
Ante esta situación, el Gobierno decidió intervenir la obra social. Durante una audiencia judicial, la Superintendencia de Salud (SSS) alertó sobre un posible desfalco que podría superar los 3.350 millones de pesos. Entre 2022 y 2023, se registraron 16.410 reclamos por parte de los beneficiarios relacionados con la falta de medicamentos, cirugías y otras prestaciones esenciales.
Además, se informó que, el 4 de octubre de 2023, la obra social recibió una ayuda financiera de 3.350 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 9,5 millones de dólares al tipo de cambio de esa fecha. Sin embargo, las autoridades libertarias señalaron que, dos meses después, el 7 de diciembre, las autoridades salientes aprobaron la rendición de cuentas, pero las facturas y documentos que respaldan estos pagos no se encuentran en los archivos de la Superintendencia.
Petroni, quien fue designado el 29 de noviembre, impulsó la auditoría que había sido solicitada por la anterior interventora, Virginia Montero. La auditoría tenía como objetivo proporcionar una evaluación inicial del estado de OSPRERA, que es la segunda obra social más grande del país, tras OSECAC. Pese a que la consultora solo tuvo un mes para trabajar, los hallazgos fueron considerados “impactantes” por el Gobierno.
Según la auditoría, hasta el 31 de octubre de 2024, OSPRERA presenta un pasivo de aproximadamente 97.889 millones de pesos, principalmente vinculado a servicios de prestaciones e insumos médicos. El déficit mensual se estima en alrededor de 4.200 millones de pesos, lo que indica un aumento exponencial de las deudas debido a la falta de liquidez.
Finalmente, el informe advierte que la situación financiera de OSPRERA es crítica, con un índice de liquidez alarmante que pone en riesgo su capacidad de pago. En resumen, la combinación de un elevado pasivo, un déficit mensual continuo y una situación de liquidez casi inexistente coloca a OSPRERA en una posición económica y financiera extremadamente vulnerable.
