El Gobierno redujo a 18 años la edad mínima para llevar armas

El Gobierno determinó que desde los 18 años, los ciudadanos tendrán la capacidad de llevar armas. Este cambio al artículo 55 de la ley 20.429 - Ley Nacional de Armas y Explosivos, fue divulgado en el Boletín Oficial, dejando de lado los 21 años que se exigían para la “adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil haber alcanzado la mayoría de edad”.

El cambio se detalla en la sección Legislación y Avisos Oficiales del Poder Ejecutivo, bajo la número 1081/2024 del decreto que lo dicta.“A efectos de armonizar la legislación vigente, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los DIECIOCHO (18) años”, sostuvo el Poder Ejecutivo respecto al cambio ejecutado.

El documento difundido este martes cuenta con las firmas del presidente Javier Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su primer artículo, confirman:  “Sustitúyese el inciso 1) del artículo 55 de la Reglamentación de la Ley N° 20.429 y sus modificatorias, aprobada por el Decreto Nº 395 del 20 de febrero de 1975 y sus modificatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ser mayor de DIECIOCHO (18) años”.

El artículo en cuestión también establece una serie de condiciones que deben satisfacerse para llevar armas, tales como la ausencia de "trastornos mentales o físicos que incapaciten al solicitante", la certificación de información personal bajo entidad policial, y "la ausencia de antecedentes policiales o penales".

La propuesta de implementar varias modificaciones en la materia se inició en mayo pasado, cuando el Gobierno anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para facilitar el proceso de portación de armas, con el objetivo de regularizar la posesión de armas de fuego. Además, en ese mismo esquema, indicaban que simplificarían los procedimientos pertinentes, permitiendo a los usuarios declararlas y/o pedir su eliminación de manera anónima.

En este contexto, subrayaron que el propósito inicial del proyecto era implementar nuevas ediciones que ayuden a "impulsar y simplificar el acceso legal y legítimo a la posesión de armas de fuego". Esto indicaba la aparición de nuevos procedimientos administrativos, más eficientes y sencillos. Desde el Ministerio de Seguridad sostuvieron la necesidad de modernizar el sistema de trámites para "contar con un registro de armas transparente, completo y con procedimientos modernos", dado que se calcula que existen más de 800.000 armas de fuego bajo posesión irregular en el presente.

Sin embargo, las autoridades subrayaron la relevancia de implementar este cambio para mantener "el combate a fondo contra los criminales que, con armas ilegales, amenazan la vida de todos los argentinos", permitiendo así que los ciudadanos tengan la posibilidad de tener armas de fuego en sus hogares de manera legal.

En la misma línea, la propuesta también contemplaba la extensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego durante 4 años, con el objetivo de que los usuarios pudieran ceder sus armas de manera anónima para que sean eliminadas. Con una política que los resguarde de enfrentar responsabilidades legales futuras por tenerlas sin las autorizaciones pertinentes. La novedad de esa propuesta radica en que, simultáneamente, sugirió incrementar la apuesta e instaurar un procedimiento para que cualquier ciudadano pueda regularizar armas no declaradas ante el Estado y mantenerlas en calidad de "legítimo usuario".

El plan gubernamental se había mantenido hasta finales del 2023. Reactivarlo implicaba poder seguir con las labores destinadas a prevenir incidentes de violencia y disminuir el uso de armas en la sociedad.

¿Qué son los procedimientos y requerimientos?

Para usar un arma de fuego, es necesario tener la Credencial de Usuario Legítimo (CLU). El procedimiento, que tiene un costo de 5.000 pesos, comienza con una petición por internet a través de la página miAnmac. Es imprescindible satisfacer ciertos requisitos: ¿Cuáles son los procedimientos y requerimientos?
Para usar un arma de fuego, es necesario tener la Credencial de Usuario Legítimo (CLU). El procedimiento, que tiene un costo de 5.000 pesos, comienza con una petición por internet a través de la página miAnmac. Es imprescindible satisfacer ciertos requisitos:

Acreditar identidad, domicilio real y, a partir del decreto, ser mayor de 18 años.
Aprobar un examen psicofísico a través del Sistema Abierto y Federal de Emisión de Certificados Psicofísicos (SiAF).
Declarar el domicilio de guarda de las armas.
Certificar la inexistencia de antecedentes penales. La certificación no debe superar los 60 días corridos desde su emisión.
Acreditar idoneidad para el manejo de armas a través de un examen. Esto incluye la certificación de un instructor de tiro habilitado y de la entidad de tiro en donde se realizó la prueba.
Presentar una fotocopia certificada de recibo de haberes o una certificación de servicios con firma de una entidad bancaria, en el caso de empleados en relación de dependencia.
Presentar una copia del aporte como monotributista o de la presentación ante la AFIP de la declaración del Impuesto a las Ganancias, ingresos brutos o valor agregado, entre otros, para trabajadores autónomos o independientes. Los jubilados y pensionados pueden mostrar un recibo original de haberes o su fotocopia certificada.

Una vez conseguida la credencial de Legítimo Usuario, es posible mantener la posesión -distante de la portación-. Este procedimiento es la autorización que permite a los individuos poseer un arma en su poder, llevarla descargada y separada de sus municiones, y emplearla para propósitos legales, según detalla la ANMAC.

En ese contexto, se requiere completar la petición electrónica en MiAnmac y entregar todos los documentos necesarios en un centro de atención de la agencia. El armamento necesita ser registrado, y los usuarios deben proporcionar imágenes del mismo, así como los formularios pertinentes para cada equipo y munición. El precio llega a 10.000 pesos.

El uso de armas es distinto, pues implica el permiso para transportar el instrumento cargado y preparado para su uso inmediato en lugares públicos. En esta situación, el gobierno exige que el usuario entregue una petición escrita que exponga las "motivaciones de seguridad y defensa", junto con las evidencias pertinentes.

Además, es imprescindible la evaluación de aptitud para el manejo de armas de fuego para portación, otorgada por un instructor autorizado de tiro, con la participación de la entidad donde se realizó la práctica. El precio se sitúa en 30.000 pesos para la portación sencilla y en 60.000 pesos para la multifuncional.