Fue presentada por la Fundación Apolo, luego de que PeriodismoyPunto revelara que el organismo dejó de intimar a los sujetos obligados que no entregan información pública. La acusan de incumplir con sus deberes y abuso de autoridad.
Actualidad15 de junio de 2022
PeriodismoyPunto
La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena, fue denunciada este martes 14 de junio por “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, luego de que PeriodismoyPunto revelara que el organismo a su cargo dejó de intimar a los sujetos obligados que no entregan información pública y sólo se limita a archivar expedientes.
La presentación fue realizada por los abogados José Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Pablo Pane, del equipo legal de la Fundación Apolo –ligada al partido político Republicanos Unidos–, quienes entienden que la inacción de la Agencia de Acceso a la Información Pública "podría perjudicar controles ciudadanos e institucionales que se basan en información pública obtenida en los plazos legales".
En la denuncia –a la que PeriodismoyPunto tuvo acceso–, los denunciantes señalaron que "nada de esto sucedía antes" de que Anchorena desembarcara en la AAIP y que, desde su desembarco en el organismo, el pasado 10 de marzo, sólo se realizó una intimación. "Data del 28 de marzo, y cuyo expediente tramitó con la gestión anterior. En otras palabras, se lo intimó, porque no existió otra alternativa", precisaron.
"En definitiva, estamos ante un incumplimiento sistemático del deber de intimar (un deber legal) y del consiguiente deber de publicar en el registro de incumplidores a quienes no se avienen a cumplir con la intimación de entregar información (un acto que corresponde llevar a cabo en razón de las obligaciones propias de la función)", concluyeron Magioncalda, Fazio y Pane.
No es la primera denuncia que estos abogados presentan contra Anchorena, que responde al Instituto Patria, pues no bien asumió al frente de la AAIP tomó la polémica decisión de suspender por un mes todos los plazos administrativos que rigen en las leyes de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, bajo el pretexto de la realización de una auditoría interna sobre el período en que estuvo acéfalo el organismo.
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