La Agencia de Acceso a la Información Pública dejó de intimar y ya no resuelve reclamos

La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena, dejó de intimar a los sujetos obligados que no entregan información pública. Por ende, no resuelve y solo archiva expedientes. Tampoco cumple con los plazos estipulados por la Ley. En poco menos de tres meses, el organismo ya no garantiza el derecho humano a la información pública.

Su gestión comenzó el 10 de marzo, cuando el Gobierno la designó por un período de cinco años. Ese mismo día, su primera medida fue querer suspender los trámites administrativos. Esta decisión fue dejada sin efecto antes de lo previsto, una vez advertido por este periodista, quien lo publicó en un artículo en el portal “Periodismo y Punto”, y denunciada por integrantes de la oposición.

Anchorena, quien responde al Instituto Patria, nunca abandonó la idea de neutralizar las funciones del organismo a su cargo. De hecho, y según fuentes cercanas a ella, la desvelaba no encontrar la manera de realizarlo. Ahora bien, la AAIP ya no intima a los sujetos obligados que se niegan a responder a solicitudes de información. 

La AAIP, mediante una sesgada interpretación del decreto reglamentario de la Ley (el decreto N°206/17), les requiere a los sujetos obligados a que amplíen la denegatoria o pongan a disposición del interesado la información. 

En la práctica es todavía peor de lo que suena. Le alcanza a cualquier organismo del Estado Nacional agregar unas palabras más a la denegatoria esgrimida o añadir algún dato mínimo, para que la AAIP de por concluido el reclamo. De esta manera, Anchorena evita intimar, cerrar expedientes y que los organismos aparezcan en el registro de incumplidores. Nada de esto sucedía antes de su arribo. Basta con entrar a la sección “Normativa”, de la página Web de la AAIP, para ver que, en el último mes, salvo una resolución sobre un reclamo al ministerio de Educación, el resto son expedientes archivados. Pero si se revisa aún más atrás, desde el 10 de marzo, solo encontramos una sola intimación a un sujeto obligado a proporcionar información pública, que data del 28 de marzo, y cuyo expediente tramitó con la gestión anterior. En otras palabras, se lo intimó, porque no existió otra alternativa. 

La Ley N°27.275, de Acceso a la Información Pública, es muy clara en su artículo n°17 (Resolución del reclamo interpuesto), inciso ‘b’: “Intimar al sujeto obligado que haya denegado la información requerida a cumplir con las obligaciones que le impone esta ley. La decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública deberá ser notificada en un plazo de tres (3) días hábiles al solicitante de la información y al sujeto obligado, al mismo tiempo que deberá ser publicada en su página oficial de la red informática”.

Para José Magioncalda, abogado experto en acceso a la información pública de la Fundación Apolo: “el decreto reglamentario permite, en determinados casos, pedir la entrega de la información o requerir se fundamente la falta de entrega, pero de ningún modo ello debiera ser excluyente del deber de intimar que surge de la propia Ley. No intimar es garantizar impunidad, porque es más difícil determinar si hubo incumplimiento. Y eso es lo que garantiza Anchorena: impunidad al funcionario que no informa y protección al funcionario a quien la información compromete”.

Un agravante a la situación es que la AAIP de Anchorena no está cumpliendo con los plazos estipulados por la Ley. El abogado Juan Pablo Pane no recibió respuesta por parte de un sujeto obligado, que fue intimado a responder por la gestión anterior, en un plazo máximo de 10 días hábiles; según lo que dicta la Ley N°27.275.

Según la AAIP “se encuentran afrontando un gran cúmulo de tareas”. Resulta extraña la excusa esgrimida ya que, Anchorena se encargó en estos meses de incrementar notablemente la planta del organismo; que tenía unos 40 empleados. Alrededor de 10 se fueron en estos tres meses y, según la lista de empleados actualizada a mayo de 2022, actualmente son 44. Por consiguiente, se contrataron 14 personas. La nómina se incrementó un 32 por ciento. Eso sí, la enorme mayoría no exhibe antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función. El caso más emblemático es el de la mano derecha de la directora, María Victoria Volpe, quien no tiene título universitario. Anchorena le otorgó la “Categoría A2”. Esa condición requiere que la persona posea una maestría o superior. Misma situación que la directora del organismo, quien no tiene en su haber cualidades académicas y/o profesionales necesarias para el ejercicio del cargo que desempeña. Además, con menos personal que en la actualidad, y antes del arribo de Anchorena, la AAIP nunca incumplió los plazos que estipula la Ley.

Anchorena participó en la Comisión de Estado y Administración Pública del Instituto Patria. Además, era subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ahora en la AAIP, y con sus antecedentes, era de esperar que no viniera a “construir sobre lo ya construido”, según expresó en la audiencia pública, antes de su designación.

https://periodismoypunto.com/2022/03/suspenden-el-derecho-humano-del-acceso-a-la-informacion-publica-por-un-mes-y-puede-ser-prorrogado/

Como explicamos anteriormente, su primera medida fue querer suspender los trámites administrativos. Casi al mismo tiempo, y también a pocos días de su nombramiento, Anchorena reabrió un expediente administrativo completamente finalizado -tenía informe de cierre-, solo para revertirlo, sin fundamentos válidos. En este, se solicitó al ministerio de Salud, el listado de todos los empleados del Estado Nacional, sus dependencias y empresas estatales, bajo el rubro “personal estratégico”, quienes hubiesen accedido a la vacuna contra el Coronavirus (COVID-19), fecha y lugar de cada dosis, entre otros datos. 

Según se pudo reconstruir a través de varias fuentes de la AAIP, Anchorena recibió varios llamados y pedidos del ministerio de Salud para que el expediente EX-2021-78968690- -APN-DNAIP#AAIP se desarchivara, reabriera, y se hiciera un nuevo informe, que favoreciera al organismo público. Esto debido a que el requirente había presentado un amparo en la Justicia y que, la cartera que conduce Carla Vizzotti, no quiere entregar la información, que consideran “sensible”, porque de ella se puede saber quiénes fueron los vacunados vip.

Otro dato alarmante es que Anchorena mantiene parada a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP). Desde su llegada, este organismo, que es parte de la AAIP, no sacó ningún expediente. Nuevamente, basta con ingresar a la sección “Normativa”, de la página Web de la AAIP. Desde que asumió Anchorena, no hubo expedientes firmados que no estén vinculados la Ley N°27.275, de Acceso a la Información Pública. Esta Ley impone plazos, pero la Ley N°25.326, de Protección de los Datos Personales, no. Queda en evidencia que Anchorena y las personas que trajo, no saben gestionar.

No menos importante, la propia AAIP no cumplía con el artículo n°32 (Transparencia activa), de la Ley N°27.275. Este dice que los sujetos obligados deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública, a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados. Asimismo, removerán toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros. 

La AAIP debe y tiene que ser el ejemplo en materia de Transparencia Activa. De lo contrario, con qué autoridad le va a exigir a otros organismos que lo hagan. Desde que Anchorena asumió, por ejemplo, no había actualizó el listado de empleados (última actualización fue en enero de 2022). No obstante, la lista de incumplidores sufrió su última modificación en marzo. Esta herramienta fue creada por la gestión anterior, con el objetivo de difundir qué organismos no cumplen y/o respetan las disposiciones de la AAIP. Anchorena mandó a actualizar el listado de empleados, tras la publicación del artículo de Alejandro Alfie en Clarín, acerca de los maltratos y ola de renuncias forzadas por ella en el organismo.

https://www.clarin.com/politica/ola-renuncias-gestion-ultra-k-agencia-acceso-informacion-publica_0_yampxw2cED.html

El 16 de mayo, le solicitamos a la AAIP el listado de empleados al 28 de febrero, al 31 de marzo y al 30 de abril. El día que vencía el plazo para la entrega de la información, el organismo decidió hacer uso de la prórroga: “Al respecto se comunica que atento a la amplitud del objeto del requerimiento, se hará uso de la prórroga dispuesta en el artículo 11 de la Ley N°27.275 a fin de brindar una adecuada respuesta”

El artículo n°11, de la Ley N°27.275, respecto a la prórroga, expresa: “[…] El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada”. La información solicitada está sistematizada en recursos humanos y actualizada mes a mes. Si la AAIP de Anchorena utiliza la excepcionalidad de la prórroga como una herramienta dilatoria para no entregar información, qué podemos esperar que haga con los organismos que hagan lo mismo o denieguen el derecho humano a la información pública. Nuevamente, la AAIP de Anchorena hace caso omiso a la Ley. 

Por último, Anchorena le cambió el logo al organismo. En la cuenta de la red social de Twitter, @AAIPargentina, 7 de las últimas 9 publicaciones son propaganda de la nueva directora. Lo mismo se replicó en otras redes sociales de la AAIP.

Por desgracia, nadie del equipo que comenzó con la creación de la AAIP continúa en el organismo. Basta con ver el listado de empleados, recientemente publicado en la sección de “Transparencia”, para corroborarlo. A Anchorena no le importó que, por ejemplo, los participantes de la audiencia pública hayan destacado el trabajo y buen funcionamiento que tuvieron. Tampoco que eran personas altamente capacitadas. 

Al elegir esta senda, la AAIP no solo desvirtuó la función para la que fue creada; si no que ya no vela por el derecho humano de los ciudadanos de acceder a la información pública. La agencia ya no es un órgano de control relevante y tampoco una instancia previa, antes de acudir a la Justicia. En tiempo récord, Anchorena transformó al organismo en una mera agencia de contrataciones del kirchnerismo.