La magistrada fue parte del Tribunal que determinó la sanción para el preso, pero ella votó en disidencia la condena a perpetua y solicitó una pena menor por el crimen.
Actualidad04/01/2022
PeriodismoyPunto
El Superior Tribunal de Justicia del Chubut inició actuaciones administrativas contra una jueza de Comodoro Rivadavia que había mantenido «conductas inadecuadas» ya que en un video se ve a la magistrada a los besos con un preso de alta peligrosidad condenado por un tribunal que ella misma integró.
El hecho ocurrió en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew y fue protagonizado por Mariel Suarez, una jueza penal de Comodoro Rivadavia, quien fue vista en el citado video a los besos con Cristian «Mai» Bustos, un recluso que debe cumplir prisión perpetua.
Según informó Diario Jornada de Chubut, Bustos fue condenado el 22 de diciembre pasado a cadena perpetua por el asesinato del policía «Tito» Roberts en Corcovado, en un hecho que ocurrió en 2009.
La jueza fue parte del Tribunal que determinó la sanción para el sujeto en un juicio realizado en Esquel, pero el dato trascendental es que Suárez votó en disidencia la condena a perpetua y solicitó una pena menor por el crimen.
En un informe al que accedió el mencionado medio chubutense se indica que el agente de guardia reporta a su superior, el jefe de la División Seguridad Interna, todo lo sucedido dentro de un aula del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew.
El parte oficial del Poder Judicial detalló: «A raíz de una comunicación formal dirigida a los Ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel».
«De los datos comunicados desde el IPP surgen que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial», concluyó el escrito.
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