Suspenden el derecho humano al acceso a la información pública

La recientemente nombrada directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena, a través de la Resolución N°1, del 14 de marzo de 2022, suspendió todos los plazos administrativos del organismo, entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2022. Esta medida podría ser prorrogada, y su objetivo sería -según los fundamentos de la resolución- efectuar una auditoría orientada a evaluar el funcionamiento del ente, en particular, desde que renunció el director anterior, el 1 de enero de 2021.

La medida, que no fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, fue agregada en la sección de normativas, de la página de la AAIP. Al ingresar a consultar un expediente, algunos ciudadanos se encontrarán con lo siguiente: “Resolución N° 1 de 14 de marzo del 2022, a través de la cual se dispone una prórroga excepcional por el término de VEINTE (20) días hábiles al curso de los plazos administrativos cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022, se remite a efectos de que oportunamente se continúe el trámite administrativo”. Tras buscar y leer la resolución es que vino la sorpresa.

En primer término, por desconocimiento o con total intención, Anchorena prorrogó de forma excepcional todos los procesos que tramitan en la AAIP, plazos que estipula la Ley, con una resolución administrativa. Está claro que para modificar una Ley se requiere la intervención del Congreso o, en casos de necesidad y urgencia, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. Si quisiera interrumpir los tiempos, la directora tendría que haberle solicitado al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que saque un DNU. Por consiguiente, la disposición va en contra de la Ley. “Lo actuado por Anchorena podría constituir delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, según la normativa vigente”, afirmó el abogado José Magioncalda.

En segundo lugar, la justificación se basa en la necesidad de realizar una auditoría entre la renuncia del director anterior, Eduardo Andrés Bertoni, que se efectivizó el 1 de enero de 2021, y el ingreso de Anchorena a la AAIP, el 9 de marzo de 2022. Si la nueva directora de la AAIP quiere realizar una auditoría, nada impediría que avance en ese sentido, pero sin afectar el Derecho Humano de acceso a la información pública. De hecho, mientras el Estado Nacional detuvo por varios meses la actividad administrativa durante la Pandemia, la AAIP continuó funcionando. No hay motivo para prorrogar, sin razones, su actividad ahora.

La nueva directora no puede justificar la inmediata necesidad de realizar una auditoría. No existen masivas denuncias de irregularidades de la AAIP. Tampoco hay una gran cantidad de juicios contra el organismo por sus resoluciones. En una búsqueda en sistema de Justicia, al día de hoy, solo Aerolíneas Argentinas SA tiene juicios contra la AAIP, y estos son con el fin de impugnar las decisiones del máximo organismo en la materia. No hay otro ente estatal que haya impugnado judicialmente un acto de la AAIP. El dato: la aerolínea de bandera no solo que no entregó información pública, según dictamen de la AAIP, sino que contrató un estudio jurídico para litigar contra Juan Pablo Pane y José Magioncalda. Hasta el día de la fecha, la empresa estatal lleva gastados más de $ 2.5 millones para no tener que responder.

Retomando, para frenar todo, como mínimo la AAIP debería tener muchas irregularidades y estas no existen. Es más, el escenario es todo lo contrario. Son los organismos estatales quienes no cumplen con la Ley N°27.275: solicitan prórrogas excepcionales con el objetivo de dilatar los tiempos y no contestar; si no tienen la información que se les requiere, no derivan los pedidos; no acatan las intimaciones a responder; por mencionar algunos incumplimientos. Entonces, son los ciudadanos quienes presentan amparos contra dependencias del Estado Nacional, porque no entregan la información pública.

Por ejemplo, Clarín realizó un pedido de acceso a la información pública a la ANSES, en este se le requirió información concerniente a las pensiones de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El organismo presidido por María Fernanda Raverta solicitó prórroga solo como una medida dilatoria y sostener el silencio. El mismo proceder tuvo durante el reclamo y tras la intimación de la AAIP.

La suspensión del Derecho Humano de acceso a la información pública establecida por Anchorena, que va contra la Ley, y con la excusa de una inexistente auditoría, es el pretexto que encontró para revisar todos los pedidos realizados durante más de un año, con el objetivo de ganar tiempo, para modificar expedientes, proyectos de resolución elaborados y encontrar salidas administrativas a solicitudes que le molesten al Gobierno.

En la audiencia pública, realizada en el Centro Cultural Kirchner el 25 de febrero de 2022, la entonces candidata Anchorena no objetó el funcionamiento del organismo, ni de la gestión anterior, ni la actual. Es más, Anchorena afirmó: “vengo a construir sobre lo construido”. Además, presentó su plan de trabajo para la AAIP y respondió las consultas y observaciones que allí se le efectuaron. Durante su exposición, Anchorena enfatizó que el acceso a la información pública es un derecho humano y lo consideró “un componente clave para la libertad de pensamiento y expresión, fundamental para acceder a otros derechos sociales y económicos y culturales”. También, sostuvo que es central para el fortalecimiento de la democracia. Una clara contradicción con la medida adoptada por la nueva directora.

La postulación de Anchorena fue cuestionada por varios motivos. La Ley N°27.275 es la que determina que, como requisito para el cargo, el postulante exhiba “antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función”. La actual directora no tiene en su haber las cualidades académicas y/o profesionales necesarias. Tampoco reúne las cualidades éticas y morales, que son de suma importancia para el lugar que ocupa. El acceso a la información pública es un Derecho Humano y Anchorena pertenece al Instituto Patria, guiado por Cristina Kirchner. Fue la vicepresidente de la Nación, quien siempre se opuso al trámite en el congreso de la Ley y por eso se dilató 15 años. Evidentemente, el acceso a la información pública y la transparencia no son bandera de este Gobierno.