El juez federal Sebastián Casanello lo llamó. El 26 de junio se llevará a cabo la audiencia.
Actualidad27 de mayo de 2024
Alejandro Cabrera
Eduardo Belliboni y otros líderes sociales fueron llamados a declaración indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello para el 26 de junio. Se les imputó el delito de administración infiel en relación al dinero del plan Potenciar Trabajo. Se sospecha que utilizaron el programa de ayuda social "con fines políticos-partidarios a través de sumar militancia y fondos a sus agrupaciones".
Los números que se están investigando tienen muchos ceros. Cada mes, las organizaciones piqueteras reciben una gran cantidad de dinero del gobierno nacional. El gobierno de Alberto Fernández otorgó alrededor de 600 millones de pesos a dos entidades involucradas en la operación de posibles extorsiones y desvío de fondos para administrar partidas del programa Potenciar Trabajo. Uno de ellos es quien contesta a Belliboni.
El juez Sebastián Casanello declaró que diversas personas agrupadas en las asociaciones 'Asociación Polo Obrero' y 'Cooperativa El Resplanado Ltda.' habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueron confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del programa "Potenciar Trabajo".
Otros miembros del Polo Obrero están sujetos a un llamado a indagatoria. Según el juez Casanello, también se verificó el uso de facturas falsas y la representación de gastos no especificados a través de las empresas "Ediciones e Impresiones Rumbos SRL" y "Coxtex SA", con el fin de ocultar el uso real de una parte significativa de los fondos. Esto podría indicar lavado de activos.
El magistrado continuó explicando que se trataba de grandes cantidades de dinero que "fueron canalizadas a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado".
Según Casanello, "lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria".
Los investigadores cuestionaron el papel de los intermediarios para otorgar planes como Potenciar Trabajo porque representaba "un abuso de poder, un posible desvío de fondos", entre otras acusaciones volcadas en el expediente. La acusación que pesa sobre 27 líderes piqueteros afirma que las organizaciones sociales investigadas se dedicaron "sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de la prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar en marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo".
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