El gobierno porteño delega en una agencia de publicidad el manejo de la caja destinada a campañas de «concientización y reciclaje» sin ningún tipo de control. El mecanismo.
Actualidad03/05/2022
PeriodismoyPunto
Un informe del periodista Francisco Olivera en La Nación reveló que el 3% de los contratos de la basura quedan en manos de una empresa de publicidad que, sin ningún control, repartirá en 2022 más de $1500 millones en «campañas de concientización ambiental» por decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de la firma Delta Marketing Líquido, perteneciente a los empresarios Benjamín «Beto» Vijnovksy, Carlos Gorosito y Gastón Sokolowicz. Los dos primeros son también dueños de la FM Radio Con Vos, la cual recibiría pauta publicitaria proveniente de ese mismo fondo.
La obligación de destinar ese 3 por ciento del total de los contratos a campañas publicitarias de «concietización y reciclaje» no es nueva, rige desde 2005. Pero lo curioso es que las seis empresas que se reparten el negocio de la recolección (AESA, Cliba, Solbayres, Nittida, Ashira y Urbasur) canalizan ese dinero a través de Delta Marketing Líquido. Según explicaron los propios contratistas a Olivera, es el propio gobierno porteño el que les exige que canalicen esos montos millonarios a través de esta agencia publicitaria.
Los números que manejan mes a mes son siderales. En las últimas semanas, amparada en la ley de Emergencia Económica, la Ciudad decidió extender los contratos a las seis empresas que hoy brindan el servicio de recolección de basura en territorio porteño. Los contratos, que vencían en 2024, fueron extendidos recientemente por cuatro años más a las mismas seis empresas mencionadas. De estos contratos se desprende que, por año, la Ciudad de Buenos Aires les pagará $54.000 millones a estas compañías.
Obligadas a destinar un 3% de ese presupuesto a “campañas de concientización”, las empresas contratistas le giran a Delta Marketing Líquido un total de 1.620 millones de pesos anuales. Esta empresa, a su vez, no es auditada por ningún organismo, ya que al recibir dinero de las empresas contratistas y no directamente del Estado porteño, se genera un “rulo” que le permite evitar ese tipo de controles.
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