La Coalición Cívica, el partido político liderado por Elisa Carrió, denunció la creación una "asociación ilícita" con fondos estatales. La misma estaría comandada por los dirigentes y funcionarios del Movimiento Evita. La denuncia acusa al movimiento de girar fondos a través de "convenios" falsos.
Según la teoría plasmada por los denunciantes, los acusados otorgan y controlan este esquema ilícito porque ellos mismos presentan las propuestas y aprueban los proyectos que controlan los fondos. Es decir, la maniobra está anclada en tres puntos, y tiene como vértice a la cúpula de la organización kirchnerista.
La denuncia fue presentada este martes y quedó radicalizada en el juzgado de Daniel Rafecas, pero, por decisión de la Cámara, se trasladó al Juzgado Federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Se trata de una "conducta penal que encuadra dentro de una organización conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales -provenientes del programa Potenciar Trabajo- para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político", detalla la presentación.
Y agrega: "No solamente constituyen actos ilícitos, sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido", describe el expediente número 2613/2022.
Los principales acusados en la presentación de la Coalición Cívica son: Emilio Pérsico, secretario Economía Social y líder del Movimiento Evita; Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); Milagros Moya, directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones e integrante del movimiento señalado; y Gildo Onorato, el único acusado que no es funcionario del FdT, pero que preside la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada.
Los señalados están acusados de desviar fondos estatales por una suma de $3.836.167.660 "que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas o que integran dicho Movimiento", concluye la denuncia.
