Alejandro Cabrera
El uso de polígrafos durante el gobierno de Mauricio Macri fue eje de discusión y denuncias durante la última semana, a partir de una publicación del periodista Carlos Pagni y recientes declaraciones de la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien denunció que esas máquinas eran utilizadas para torturar y extorsionar a los agentes que entonces reportaban a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Curiosamente, la ex funcionaria obvió que la información reunida durante esas sesiones recién vio la luz hace pocas semanas y a través de un periodista vinculado a los servicios K: Juan Alonso, quien en un tono vengativo difundió en sus redes sociales las respuestas dadas por el Emmanuel Danann ante el detector de mentiras. Como explicó PyP, el influencer trabajó en la AFI como traductor previo paso por el Ministerio del Interior.
Pero al margen de esta anécdota, vale la pena repasar algunos datos para entender la importancia del polígrafo en el mundo del espionaje y cómo llegó a implementarse en la Argentina.
El detector de mentiras –utilizado por las principales agencias de inteligencia del mundo– mide el pulso, la respiración, la humedad de la piel, la presión sanguínea y otros cambios en el organismo en el marco de un interrogatorio. Su efectividad es de 87%. Y fue traído a la Argentina en 2016 por la gestión de Arribas, que estableció que todos los agentes de la AFI debían pasar por él en forma aleatoria y al menos una vez al año.
Tiempo después, la idea fue tomada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, quien para justificar su uso dijo que eran empleados por más de 90 países y validados por distintas agencias como la CIA, la DEA y el FBI.
En total, la AFI compró cuatro polígrafos LX500. Dos en noviembre de 2016 y otros dos en diciembre de ese mismo año, con un costo de alrededor de US$42.000. A eso hubo que sumarle la capacitación a los empleados de la agencia para su uso, para lo cual se contrató a una empresa mexicana llamada Polygraph Service Center SC, que en 2017 recibió en Punta Cana a diez representantes para hacer el trabajo a cambio de US$50.000.
Los polígrafos eran potestad de Asuntos Internos, que dependía de la Dirección General y en ese momento estaba a cargo del abogado Roberto Real. La articulación, en tanto, corría por cuenta del jefe de Gabinete de Arribas, Mariano Herrera, quien reclutó a la mujer que durante el macrismo controló los equipos. Se trata de la “agente D”, quien llegó ahí recomendada por personal de carrera y es hija de un ex Sala Patria.
“Herrera la entrevistó y después siguió el trámite normal con Recursos Humanos. Armaron un equipo, y los mandaron a hacer el curso al exterior”, precisaron fuentes del sector ante la consulta de este periodista.
El 8 de enero de 2020, Caamaño firmó una resolución que prohibía el uso de polígrafos por considerarlos contrarios a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. "Cuando firmé esa resolución, hubo gente que vino llorando a agradecerme, porque pasaban entre dos y tres veces por año por los polígrafos y les preguntaban cosas íntimas, sobre todo a las mujeres. Después, las utilizaban en su contra”, dijo el último jueves.
Sus declaraciones contrastan con lo mencionado antes: recién durante este gobierno un informe producido en el marco de una sesión de polígrafo tomó estado público, y su difusión corrió por cuenta de un periodista cuyas notas suelen ser celebradas por Caamaño y otros habitantes de la fauna de servicios K, como el diputado Rodolfo Tailhade, quien fue subdirector de Contrainteligencia durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
Pero además, plantean un interrogante por demás inquietante: ¿por qué la AFI de Alberto Fernández decidió conservar esos informes, cuya información supuestamente fue obtenida bajo tortura, y no lo denunció?
Para los desmemoriados, la Sala Patria fue creada en 1994 por el entonces secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y colaboró con el juez federal Juan José Galeano en la investigación del atentado a la AMIA.
También participó de la detención del fallecido guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, quien se encontraba prófugo de la Justicia por el copamiento del Regimiento III de Infantería de La Tablada.
La unidad fue disuelta luego de la detención de Gorriarán Merlo y sus integrantes, exonerados en medio del avance de la causa por el pago ilegal de US$400.000 a la esposa de Carlos Telleldín, quien fuera el único acusado por la causa AMIA. Al frente de la Sala Patria estuvo el ex subdirector de Contrainteligencia Patricio Pfinnen, quien lideró un equipo integrado, entre otros, por el ex Batallón 601 Alejandro Brousson y Luis “Pinocho” Gonzáles.
Tras largos años de batalla en el plano judicial, Pfinnen y su equipo lograron revertir la exoneración y ser sentenciados a la cesantía, lo cual les permitió conservar sus derechos jubilatorios.
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