El 23 de mayo pasado, el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, había prometido la compra de celulares y computadoras personales para los presos de su provincia para garantizarles mejor conectividad. Mientras que otras promesas son incumplidas, con los presos, respetó su palabra.

El argumento que esgrimen las autoridades chaqueñas es que los detenidos deben tener el derecho a comunicarse y a contactarse con sus amigos, familiares y afectos. Deben formarse social y culturalmente, por esa razón, se les garantizó el acceso informático con computadoras personales -tablets- y teléfonos celulares.

Según portales de noticias de Chaco "La resolución en cuestión ordena a las autoridades policiales y carcelarias, autorizar el ingreso de aparatos a los presos, previo registro. Y añade que quien no posea dispositivo, pueden ingresar uno propiedad de un tercero. Pero también especifica que a quienes no tengan la posibilidad de acceder a un teléfono inteligente, tablet o netbook o notebook, el Estado debe proveerle uno."

La letra del protocolo aprobado por el Ministerio menciona la posibilidad de asignarles aparatos de programas nacionales como “Conectar Igualdad” o “Conectando con Vos”, implementado por el Gobierno nacional con fondos de la Ansés. Es lo que finalmente ocurrió.