Luego del escándalo de los televisores para los presos de cárceles federales que destapó PeriodismoyPunto, en Chaco se sumaron a la iniciativa.
Actualidad11 de agosto de 2022
PeriodismoyPuntoEl 23 de mayo pasado, el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, había prometido la compra de celulares y computadoras personales para los presos de su provincia para garantizarles mejor conectividad. Mientras que otras promesas son incumplidas, con los presos, respetó su palabra.
El argumento que esgrimen las autoridades chaqueñas es que los detenidos deben tener el derecho a comunicarse y a contactarse con sus amigos, familiares y afectos. Deben formarse social y culturalmente, por esa razón, se les garantizó el acceso informático con computadoras personales -tablets- y teléfonos celulares.
Según portales de noticias de Chaco "La resolución en cuestión ordena a las autoridades policiales y carcelarias, autorizar el ingreso de aparatos a los presos, previo registro. Y añade que quien no posea dispositivo, pueden ingresar uno propiedad de un tercero. Pero también especifica que a quienes no tengan la posibilidad de acceder a un teléfono inteligente, tablet o netbook o notebook, el Estado debe proveerle uno."
La letra del protocolo aprobado por el Ministerio menciona la posibilidad de asignarles aparatos de programas nacionales como “Conectar Igualdad” o “Conectando con Vos”, implementado por el Gobierno nacional con fondos de la Ansés. Es lo que finalmente ocurrió.
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La investigación judicial sobre la adjudicación irregular de tierras fiscales ha puesto en el centro de la escena a Marta Soneira y a varios miembros de su familia, quienes serán indagados en audiencias programadas para el 14, 15 y 16 de abril. Este caso, que ha generado un amplio debate sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos, involucra a figuras clave y plantea serias interrogantes sobre la confianza en las instituciones gubernamentales. La comparecencia ante la Justicia no solo busca esclarecer las acusaciones, sino que también refleja una creciente demanda social por una administración pública más ética y responsable. La resolución de este caso podría tener un impacto significativo en la percepción ciudadana sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de bienes del Estado.
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