Desde que falleció Santiago Maldonado, el artesano defensor de los derechos mapuches que se ahogó, de acuerdo a las pericias, en el río Chubut, su familia quedó bajo la lupa pública por dos cuestiones: primero, por intentar instalar que el activista había sido asesinado por Gendarmería y que el supuesto homicidio habría sido cubierto por el mismísimo gobierno nacional, que en aquel momento estaba en manos de Mauricio Macri. Segundo, porque, presuntamente, habían comenzado a percibir subsidios de cientos de miles de pesos por parte del Estado.
Lo primero fue desmentido por las pericias que, por unanimidad, dictaminaron que la causa de muerte de Santiago fue "ahogamiento por sumersión coayudado por hipotermia". En cuanto a lo último, el propio hermano de la víctima, Sergio Maldonado, lo desmintió enfáticamente vía redes sociales y acusó a los medios de intentar instalar tal relato para desprestigiarlos y manchar el recuerdo del artesano.
Sin embargo, de acuerdo a la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (23.372), el Estado solventó gastos ligados al "asesoramiento, asistencia, representación, protección, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional". Esto se dio debido a que la familia de Santiago había denunciado, en agosto del 2017, que el joven había sido desaparecido forzosamente por parte de las Fuerzas "represoras".
Rechazamos las versiones que afirman que Sergio Maldonado o la familia de Santiago Maldonado recibe o recibió subsidios de 200.000 pesos de parte del @jusgobar. El Ministerio de Justicia y DDHH no otorga subsidios.
— Germán Garavano (@german_garavano) November 7, 2018
En su momento, un pedido de informes de acceso a la información pública había dado cuenta que esta ayuda económica se tradujo en unos 1,5 millones de pesos. Es decir que, si bien la familia no recibió ese dinero en el marco de subsidios, sí percibió importantes sumas por parte del Estado en concepto de ayuda para cumplimentar la mencionada ley.
Ahora, 8 años después del fallecimiento de Santiago, el gobierno de provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, le cedió un contrato millonario a Sergio Maldonado. Este se dio a conocer el jueves 5 de marzo, a través del Boletín Oficial, donde se confirmó la aprobación del "contrato de locación de obra suscripto entre el Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Facundo Moreno, y Sergio Aníbal Maldonado".
Bajo el concepto de "capacitación artística y cultural", Tesorería General desembolsó $1.560.000,00 en marzo, de acuerdo a un libramiento de pago viralizado en los últimos días vía redes sociales.
En otras palabras, el hermano del activista que cortaba rutas y falleció huyendo de las fuerzas que intentaban poner orden a las acciones de él y los suyos, obtuvo un contrato millonario en manos del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Martín Mena, para capacitar sobre los derechos humanos. Sergio, que tanto se ha encargado de negar cualquier ayuda estatal y tildaba a quienes informaban sobre ello de mentirosos; sí, obtuvo un contrato que vuelve a poner en discusión la relación entre discurso público y vínculo con el Estado.
¿Existió una discrecionalidad? ¿Qué estándares cumplió Sergio que otros concursantes no? ¿Cuáles fueron los criterios de selección? Y tantos otros interrogantes quedarán sin respuestas porque, así como se negó todo tipo de asistencia en su momento, también, seguramente, se intentará ocultar esta particular contratación en tiempos donde, de acuerdo al mismo gobernador, los recursos son contados.
