En el primer número de la revista “Inclusive”, en la sección “Avances de investigación”, publicaron un artículo denominado “Experiencias migratorias y laborales de bolivianos/as vinculados/as a la producción hortícola de la provincia de Salta. Surcando procesos de desigualdad y racismo” (página n°62). Que lástima que Donda no le pidió el testimonio a su empleada doméstica, también de nacionalidad boliviana y a quien mantuvo en “no blanco” durante años. Sin olvidar que le pagó menos de lo que le correspondía y que, ante la posibilidad de una denuncia, le ofreció un cargo en el organismo que preside.

Las personas con discapacidad visual no tienen acceso a la revista. Tampoco algunas personas con discapacidad intelectual y discapacidad motriz (según el grado). La publicación solo está disponible en formato “.pdf” y tiene un tamaño de revista impresa. Si no tenés una computadora de escritorio, notebook o tablet es casi imposible leerla. En el teléfono celular es una epopeya. Así de “inclusive” es la revista de Victoria Donda.

El INADI tiene un presupuesto de $330.380.800 para 2021. De estos, $235.293.800, equivalente al 71,22%, serán destinados a gastos de personal. Por otra parte, el organismo destinará $89.097.000, un 26,97%, en servicios no personales (servicios básicos, mantenimiento, pasajes y viáticos, etc.). En resumen, solo pagando sueldos y servicios básicos al INADI de Victoria Donda se le va el 98,19% del presupuesto.

En 2020, Victoria Donda consignó unos $220.000.000, el 73,82% solo para pagar salarios, de un total de $298.000.000. De esta manera, incrementó el mismo concepto en un 30% respecto de 2019. El aumento presupuestario de 2020, autorizado por Donda, y que ronda los $52.000.000, fue solo para pagar salarios.

Volvamos a los inicios. Enrique Oteiza, en 2005, contó con un presupuesto de $1.900.000 y 35 personas. El crecimiento más abrupto sucedió durante la gestión de María José Lubertino, quien elevó el presupuesto a $19.700.000 y a 330 los empleados.

Las metas propuestas por el INADI para el 2021, consignadas en el presupuesto para este año, fueron las siguientes: asesorar a 16.500 personas, capacitar a 20.000 personas, atender 2.000 denuncias, realizar 620 pronunciamientos sobre casos de discriminación, entre otros. Ahora, en los indicadores, también estipulados en el presupuesto 2021, afirman que el tiempo de respuesta promedio ante una denuncia es de 15 meses. Un año y tres meses para resolver. Vayamos a los datos. Donda firmó 66 dictámenes; el 10,65% de la meta que propuso para 2021. En otras palabras, misión imposible.