Transformación del Esquema de Subsidios Energéticos en Argentina: Hacia la Desregulación y la Sostenibilidad Fiscal bajo el Gobierno de Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei está en proceso de definir un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, con el objetivo de reducir el gasto público y facilitar la desregulación del sistema energético. Esta iniciativa, alineada con el acuerdo establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), propone reemplazar la actual segmentación de subsidios basada en tres niveles de ingresos por una asistencia única, destinada exclusivamente a hogares en situación de vulnerabilidad.

El nuevo sistema de subsidios prevé la exclusión de aproximadamente 3 millones de usuarios de clase media en el caso de la electricidad, así como a parte de los beneficiarios vulnerables que, debido a problemas de acreditación, quedarían fuera de la asistencia. Esto significa que muchos comenzarán a pagar tarifas más elevadas por la energía que consumen. Desde el ámbito energético se ha reconocido que el Estado carece de información suficiente, lo que complica el cruce de datos, especialmente para quienes no están formalmente registrados.

El proceso de implementación de este régimen será gradual. No se anticipan cambios significativos antes de fin de año, salvo que sea necesario acelerar el ajuste fiscal, según fuentes oficiales. Recientemente, la Secretaría de Energía ha comenzado a aplicar reducciones escalonadas en los descuentos que obtienen los usuarios residenciales en sus facturas de energía. La aceleración de la inflación y la proximidad del calendario electoral son factores que influyen en la toma de decisiones.

Actualmente, seis de cada diez hogares reciben subsidios. El esquema vigente clasifica a los usuarios en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), que pagan la tarifa completa; ingresos bajos (Nivel 2); e ingresos medios (Nivel 3). Según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada, distribuidos en 6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3, sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales reciben subsidios, con 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3.

La nueva propuesta busca instaurar un sistema similar al de la tarifa social implementada durante la gestión de Mauricio Macri, que contaba con solo dos categorías: aquellos que reciben subsidios y aquellos que no.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, liderará la implementación del nuevo esquema. Según proyecciones del FMI, se espera que el gasto en subsidios energéticos se reduzca del 1,1% del PIB en 2024 al 0,5% en 2025, aunque aún no se ha definido un ritmo específico para este recorte. En su primer año de gestión, Javier Milei ya ha llevado a cabo un ajuste de aproximadamente 3.000 millones de dólares, al tiempo que incrementó los componentes tarifarios de transporte y distribución, lo que ha permitido a las distribuidoras mejorar sus balances y alcanzar niveles de cobrabilidad superiores al 95%.

Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad han aumentado un 264% y las de gas un 622%, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet, cifras que corresponden a hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios.

La eliminación del actual esquema de subsidios es también un paso clave hacia el cumplimiento de otra meta acordada con el FMI: la reforma del mercado mayorista de electricidad, que debe estar lista para noviembre de 2025, con el fin de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.

La Secretaría de Energía ha emitido la Resolución 21/2025, que permite a las empresas del sector energético celebrar contratos de manera independiente, sin la intermediación de la empresa estatal CAMMESA. Este cambio busca reestablecer un esquema de libre contratación similar al que predominó en la década de los noventa, aunque ha generado tensiones dentro del oficialismo y suscitado interrogantes respecto al futuro de los subsidios en el sector.

CAMMESA ha desempeñado un rol crucial en el sistema energético argentino en los últimos 20 años, actuando como intermediaria en la compra de energía a las generadoras y su posterior venta a las distribuidoras, que a su vez facturan a los usuarios. Dado que muchos hogares no abonan el costo real de la energía, el Tesoro Nacional ha compensado esta diferencia a través de transferencias a la compañía estatal.

El nuevo modelo propuesto busca canalizar los subsidios directamente a los usuarios a través de sus facturas, permitiendo así que compradores y vendedores establezcan acuerdos de manera libre. Para que esta iniciativa sea efectiva, es fundamental que las tarifas reflejen el costo real del suministro energético.

CAMMESA ha tomado medidas significativas para regularizar la situación financiera del sector, como la resolución de una deuda de 1.000 millones de dólares con generadoras mediante la emisión de un bono en dólares (AE38), una operación considerada clave para alcanzar el superávit fiscal proyectado para 2024. Asimismo, se implementará un plan de pagos para saldar una deuda de 1.300 millones de dólares que las distribuidoras mantienen por energía ya suministrada y no abonada, ofreciendo incentivos a aquellas empresas que se encuentren al día en sus pagos.

En paralelo, la Secretaría de Energía está culminando la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con los transportistas y distribuidoras, un mecanismo que definirá un camino para la inversión, ajustes tarifarios y un esquema de actualización mensual. Se anticipa un aumento en términos reales que se aplicará en tres etapas, lo que podría tener un impacto significativo en la estructura de costos del sector energético.