Horacio Rosatti tomó juramento a Manuel García-Mansilla como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia.

En el transcurso de este mediodía, la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo una ceremonia significativa al tomar juramento a Manuel García-Mansilla, quien ha sido designado como nuevo integrante de este prestigioso tribunal por decreto del Poder Ejecutivo. Este acto, que marca un hito importante en la conformación del máximo órgano judicial de la Nación, tuvo lugar en el distinguido Salón Bermejo, ubicado en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

La ceremonia estuvo presidida por Horacio Rosatti, quien ocupa la presidencia de la Corte, y contó con la presencia de otros altos magistrados, entre ellos Carlos Rosenkrantz, en su calidad de vicepresidente, y Ricardo Lorenzetti, también miembro del alto tribunal. La solemnidad del evento se reflejó en la atmósfera de respeto y compromiso que envolvió a los asistentes, quienes fueron testigos de este momento crucial en la trayectoria judicial de García-Mansilla.

La decisión de proceder con la toma de juramento fue aprobada en el Acuerdo de Ministros celebrado en el día de hoy. Esta aprobación se basa en el decreto del Poder Ejecutivo 137/2025, emitido el pasado 25 de febrero, documento que establece la formalidad de la designación y la adecuación de todos los requisitos necesarios para la asunción del nuevo magistrado. La Corte, en un análisis minucioso, ha considerado que se han cumplido todas las formalidades pertinentes, lo que permite la integración de García-Mansilla al alto tribunal de manera plena y efectiva.

Este acto no solo representa la incorporación de un nuevo miembro al equipo judicial, sino que también simboliza el compromiso renovado de la Corte con la justicia y el orden constitucional. La llegada de García-Mansilla a la Corte Suprema es un reflejo de la confianza depositada por el Poder Ejecutivo en su capacidad y experiencia para contribuir al desarrollo de la jurisprudencia nacional, así como para enfrentar los desafíos legales que se presenten en el futuro.

Así, con un espíritu de institucionalidad y un profundo sentido de responsabilidad, Manuel García-Mansilla inicia su labor en el máximo tribunal del país, asumiendo el deber de proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema judicial argentino. La Corte, al darle la bienvenida, reafirma su compromiso con la justicia y la defensa de los valores democráticos que rigen nuestra sociedad.

El decreto 137/2025, ratificado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha suscitado un significativo debate en los círculos políticos y jurídicos de Argentina. Este decreto contempla la designación provisional de los juristas García-Mansilla y del actual juez federal Ariel Lijo, en virtud del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional. Este artículo permite la designación de miembros en situaciones de urgencia, pero su aplicación ha sido objeto de controversia.

El juez Lijo, quien actualmente preside el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, ha solicitado y obtenido la aprobación de licencia por parte de la Cámara Federal, que actúa como tribunal de alzada y se erige como la instancia superior directa en relación a su desempeño como magistrado. Esta licencia es necesaria para que Lijo pueda asumir su nuevo rol en la Corte Suprema, aunque esta designación tiene un carácter temporal, ya que se extiende hasta noviembre próximo. En caso de que el Senado no ratifique su nombramiento, el juez tendría que regresar a sus funciones en el juzgado de Comodoro Py, donde ha desempeñado su labor judicial.

El próximo acuerdo de la Corte, programado para el 6 de marzo, incluirá la consideración de la solicitud de licencia extraordinaria de Lijo. Este paso es fundamental antes de que pueda aceptar formalmente su designación como nuevo integrante del máximo tribunal de la nación. La incorporación de García-Mansilla restablece, al menos en parte, la composición de la Corte, que había visto reducir su número a tres miembros tras la jubilación del juez Juan Carlos Maqueda a finales de diciembre del año anterior.

Maqueda, quien ocupó un puesto en el tribunal supremo durante años, ha manifestado su desacuerdo con la decisión del presidente Milei de efectuar estas designaciones por decreto. En declaraciones a LN+, el exintegrante de la Corte Suprema calificó el decreto de "horrible" y lo consideró "al borde de la inconstitucionalidad". Según Maqueda, este tipo de decisiones por parte del Poder Ejecutivo, especialmente en un momento tan cercano al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, resultan preocupantes y poco apropiadas.

El exjuez ha argumentado que el procedimiento de designación por decreto fue establecido en la Constitución Nacional tras su reforma en 1860 y en un contexto histórico que dista mucho del actual. "En aquella época", explicó, "existía un Congreso que operaba de manera limitada y un país con infraestructura muy precaria. Por lo tanto, la necesidad de un mecanismo como este era evidente". Sin embargo, Maqueda sostiene que el contexto actual exige un enfoque diferente y que el uso del decreto 137/2025 no puede ignorar lo que establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución reformada en 1994, que detalla el procedimiento adecuado para la selección de los miembros de la Corte Suprema.

Maqueda también ha expresado su preocupación por un fenómeno que se observa a nivel global: gobiernos que acceden al poder a través de procesos democráticos, pero que posteriormente se transforman en autocracias. En este sentido, ha cuestionado la alineación de la administración actual con figuras políticas como el expresidente estadounidense Donald Trump, argumentando que en Argentina, a pesar de vivir en un sistema democrático, se percibe una preocupante degradación de la calidad institucional. Este deterioro se manifiesta en el uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia, así como en la utilización de vetos.

Finalmente, Maqueda ha subrayado que existe un abuso, por parte del presidente, de un lenguaje que desprecia tanto a adversarios como a aliados, algo que considera incompatible con los principios democráticos. "Cuando la violencia comienza a manifestarse a través del maltrato hacia las personas", advirtió, "se abre la puerta a los peores autoritarismos". Estas declaraciones reflejan un llamado a la reflexión sobre la importancia de preservar las instituciones y el respeto a los procedimientos establecidos en la Constitución, en un contexto donde la estabilidad democrática es fundamental para el bienestar del país.