En las últimas horas, el kirchnerismo salió a denunciar una supuesta maniobra de fórum shopping por parte del ex presidente Mauricio Macri para zafar junto a su familia de la causa por la quiebra de Correo Argentino. La piedra fundacional de esta acusación, que forma parte de su estrategia de igualación política para avanzar en su plan de impunidad y venganza, la puso la fiscal Gabriela Boquín. En un dictamen presentado días atrás, la representante del Ministerio Público Fiscal denunció que la firma del Grupo Macri estaba buscando «un tribunal amigo» para revertir el trámite del concurso del Correo cuando en realidad se estaba reservando el derecho de recurrir al TSJ. Algo que el holding finalmente hizo y que, este jueves, derivó en una orden a la Cámara Nacional en lo Comercial para que resuelva una recusación contra la jueza del caso, Marta Cirulli.

En defensa de este recurso, el presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, presentó un duro descargo contra la fiscal Boquín, que lleva la firma del abogado Jaime Kleidermacher. «Se nos imputa la comisión de un ilícito, y ello por el ejercicio legítimo de un derecho que está amparado en normas constitucionales, en la doctrina, en fallos vigentes y en los propios dichos de la Corte Suprema de Justicia», se quejó en el escrito al que PeriodismoyPunto tuvo acceso. Y planteó: «La elección de este título anticipa nuevamente una faz persecutoria, apuntando al oído sensible y susceptible de la opinión pública que, en la amplificación de los medios, entenderá que el ejercicio de nuestro legítimo derecho a la protección jurisdiccional que nos corresponde puede ser leída por una Fiscalía de Cámara como un acto delictual».

Si bien no es habitual que el TSJ intervenga en casos de este tipo, la Corte Suprema abrió ese camino con los fallos «Corrales», «José Marmol» y «Bazán», el cual decía que ante un conflicto de competencia entre un juzgado nacional penal y uno contravencional el órgano superior que debe definir es la Corte porteña. Por lo tanto, la denuncia de Boquín, recientemente amplificada por los medios oficialistas, resulta cuanto menos arbitraria. Fórum shopping no es buscar la protección de intereses mediante un recurso y un tribunal reconocido por la Constitución de la Ciudad y refrendado por el máximo tribunal del país no constituye, sino armar causas en juzgados amigos. Un claro ejemplo de ello fue la causa por presunto espionaje contra Cristina Kirchner que impulsó el año pasado la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien eligió la justicia de Lomas de Zamora para denunciar hechos sucedidos en Capital Federal.

No es la primera vez que Boquín se presta a este tipo de operaciones. Cercana a la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó, la fiscal fue autora del dictamen que en febrero de 2017 obligó al gobierno de Cambiemos a dar marcha atrás con el acuerdo que había alcanzado con el Correo por la deuda que la empresa de la ex familia presidencial mantiene con el Estado. Entonces denunció falsamente que Macri le estaba perdonando a su familia $ 70 mil millones. Sin embargo, un informe técnico realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo), que contempló 126 escenarios posibles, dictaminó que el Grupo Macri debe pagarle al Estado entre $ 821 millones y $ 14 mil millones. El monto varía en función de las tasas de interés y coeficientes de ajustes que se apliquen sobre el monto del crédito verificado por el Estado Nacional: $ 296.205.376,49.

Desde marzo de 2020, Correo Argentino se encuentra intervenida por la jueza Cirulli para evitar «potenciales perjuicios a acreedores». La medida fue dispuesta a requerimiento de la fiscal Boquín y con el apoyo del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien rechazó la última propuesta de pago realizada por el Grupo Macri: $ 1.100 millones en una sola cuota o la cifra que decida la Justicia.