Causa Correo: el testimonio de un perito hirió de muerte el relato K sobre el supuesto intento de una "quita abusiva"

El testimonio de un perito de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Causa Correo hirió de muerte el relato K sobre el supuesto intento de Mauricio Macri de perdonarle a Correo Argentino SA el 98,82 por ciento de la deuda que esa empresa, que pertenece a su familia, mantiene con el Estado nacional desde septiembre de 2001. Según se desprende de su declaración, –de haber prosperado el acuerdo– la misma hubiese sido del 63,9 por ciento.

El hombre en cuestión se llama Pablo Sergio Varela. Y había sido designado por el juez federal Ariel Lijo, quien lleva la investigación sobre el «Correo Gate» desde febrero de 2017, para analizar un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) respecto a la propuesta de pago presentada por Correo Argentino SA ante el gobierno de Mauricio Macri en junio de 2016, que validaba la teoría K.

Este miércoles 24 de noviembre, Varela se presentó a declarar como testigo ante el juez Lijo y aseguró que, a junio de 2016, momento en que se celebró la audiencia donde se presentó el acuerdo, luego anulado por Mauricio Macri, el monto de la deuda que la empresa mantenía con el Estado nacional ascendía a $ 821.336.152 y no a $ 4.656.446.266,20; como dictaminó en febrero de 2017 la fiscal comercial Gabriela Boquín.

De esta manera, la quita en relación a los $ 296.205.376,49 ofrecidos en junio de 2016 por Correo, que representaban el cien por ciento del crédito verificado durante el concurso de acreedores, hubiese sido del 63,9 por ciento.

Si bien se excusó de opinar sobre la razonabilidad de la propuesta, pagadera en 15 cuotas anuales y consecutivas con un interés anual de 7 por ciento, el perito señaló que «no es lo mismo hablar de una empresa en marcha que de una empresa sin ingresos ni actividad». Situación en la que se encuentra Correo Argentino SA desde noviembre de 2003, a partir de la rescisión del contrato de concesión del servicio postal decretada por Néstor Kirchner.

Esa decisión fue sumamente dañina para la empresa de la familia Macri, pues representó –como retrató este periodista en el libro «La gran estafa»– la confiscación de todos sus activos. Desde la planta que Franco Macri levantó en la localidad de Monte Grande para centralizar la distribución de la correspondencia en 2002, hasta cientos de rodados, maquinaria, muebles y útiles, sistemas informáticos y computadoras.

Por otra parte, Varela destacó que la propuesta presentada el 28 de junio de 2016 por la empresa de la familia Macri contó con la anuencia de los tres síndicos intervinientes a lo largo del proceso concursal. El General, el controlante y el verificante. «Conforme el acta que leo no hubo ninguna oposición de ninguno de los tres síndicos», destacó el especialista al ser consultado por el magistrado.

Cabe señalar que, en febrero de 2017, luego de que la fiscal Boquín se pronunciara en contra de la oferta presentada por Correo y calificara la propuesta de «abusiva», Macri resolvió volver «a fojas cero» con las negociaciones. Para entonces, el kirchnerismo –bajo la tutela de la senadora Cristina Kirchner– ya había impulsado nueve denuncias penales contra el gobierno de Cambiemos por presuntas irregularidades en torno a las negociaciones.

Preguntado si «una propuesta aún no homologada es abusiva», el perito fue categórico: «No podría existir un carácter abusivo de una propuesta no homologada».