Fernando Carra y el capítulo penitenciario de la causa por espionaje ilegal

Fernando Carra es uno de los actores de reparto que tiene el capítulo penitenciario de la causa por espionaje ilegal de Lomas de Zamora. Abogado de profesión, llegó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno de Cambiemos como asesor del director nacional Emiliano Blanco. A pesar del cambio de gestión en diciembre, siguió en su cargo dentro de la oficina de Promoción de Derechos Humanos. Desde allí jugó un papel destacado en las negociaciones que pusieron fin al último motín en la cárcel de Devoto. Entonces, su nombre empezó a sonar como posible sucesor de Blanco.

Sin embargo, el testimonio de un testigo de identidad torció su destino. “Quiero declarar en la causa de Suriano y el ‘Turco’ Sáez”, pidió al presentarse en el juzgado federal N° 1 de Lomas de Zamora el 3 de junio. Durante su exposición, ante el juez federal Federico Villena, sindicó a Carra como una suerte de “ablandador” de presos K. Una semana después, el domicilio del abogado fue allanado. Situación por la cual decidió hacer una presentación espontánea, en la que explicó que lo suyo era “canalizar los reclamos de los internos de todo el país”.

En este sentido, Carra puso como ejemplo el reclamo de los presos que se amotinaron en Devoto para que estuviera presente en medio del conflicto y propuso como testigos, “para demostrar la veracidad” de su declaración, a Cristian Favale –condenado por el crimen de Mariano Ferreyra- y a sus supuestas víctimas: los presos K. El listado incluye al ex vicepresidente Amado Boudou, los empresarios Fabián De Sousa (Grupo Indalo) y Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y el piquetero Luis D’Elía, que como mostró PeriodismoyPunto llegó a defenderlo públicamente en su programa radial.

Los muchachos peronistas

Como su ex jefe Blanco, Carra tiene buena relación con el peronismo. Sobre todo con el de Lomas de Zamora, donde montó su estudio jurídico. Entre sus clientes más importantes figura Rafael Di Zeo, ex jefe de la barrabrava de Boca Juniors. ¿Será verdad que por su relación con “El Rafa” llegó a transformarse en el abogado de Jorge Castillo, el rey de La Salada? Como contó PyP, en el complejo ferial más grande de Sudamérica confluyen barras, narcos, jueces, fiscales y políticos. Incluso, en su momento, La Salada fue una gran fuente de financiación para la política de Lomas de Zamora.

Carra también tiene llegada a ex funcionarios como Pablo Paladino, ex coordinador de Fútbol para Todos. En sitios de internet que atienden asuntos de Lomas de Zamora hay fotos que los muestran en actos políticos del Frente de Todos, antes y después de las elecciones de octubre pasado. También aparecen el presidente del club Los Andes y secretario general Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), Víctor Grossi, y el actual ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. La agrupación de Carra se llama “Militancia y Trabajo”.

No obstante, no son pocos los que aseguran que a partir de su exitosa intermediación en el conflicto de la cárcel de Devoto se ganó la confianza de un verdadero peso pesado: Juan Martín Mena, ex subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y actual secretario de Justicia de la Nación. “Desde entonces, Mena empezó a manejarse con él dentro del Servicio Penitenciario. Incluso, era Mena quien quería nombrarlo Director Nacional del SPF”, confió bajo estricto off the record una fuente con conocimiento del caso a PeriodismoyPunto.

La caída

Pero la explosión de la causa de Lomas de Zamora, en cuyo capítulo penitenciario se investigan supuestas tareas de inteligencia sobre ex funcionarios y empresarios K que se encontraban privados de su libertad, hizo añicos el posible ascenso de Carra y derivó en la intervención del Servicio Penitenciario Federal. Hoy en manos de María Laura Garrigós, ex jueza y fundadora de Justicia Legítima. En el entorno del abogado, sospechan que las acusaciones en su contra fueron parte de una operación de otra facción del mundo penitenciario K. La que lidera el ex jefe del SPF, Víctor Hortel.

“Gente de inteligencia, retirada, habría sido la que mandó a declarar al testigo trucho. Que incluso contradice a los propios ex detenidos y dijo que Carra tenía de chofer a un ex SIDE, cuando la Justicia pudo acreditar que se trataba de un agente penitenciario”, plantearon en diálogo con este portal. Y apuntaron: “El problema acá fue que (el ex juez de la causa, Federico) Villena compró el cuento del testigo de identidad reservada 1. Y cuando fueron a declarar (el ex funcionario Rafael) Llorens y (Gerardo) Ferreyra se dio cuenta de que todo era trucho. Pero no le quedó otra que seguir con el tema”.

Entre los señalados por el entorno de Carra como posibles responsables de la supuesta operación en su contra están los ex penitenciarios Ceballos y Cepeda -“vinculados al subdirector nacional Sabino Guaymas, de Hortel”-, y “un tal Claudio Segura, cuya hermana trabajaba en inteligencia”. Según fuentes consultadas por PyP, estos dos últimos habrían sido los testigos de identidad reservada que se ocuparon de implicar a Carra en el expediente, que también tiene bajo la lupa al ex director Emiliano Blanco; al ex jefe de Inteligencia del SPF, Cristian Suriano; y al ex jefe de Asuntos Internos del SPF, Miguel Ángel Perrota.