Alejandra Larrea
“Un país serio no puede no tener un Presupuesto" sostuvo el gobernador de La Pampa, Sergio Zioliotto, al salir de una reunión que mantuvo en la Casa Rosada para avanzar en un acuerdo por la deuda que la Nación mantiene con su provincia.
El gobernador de La Pampa habló por mucho tiempo con el segundo al mando del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán. Catalán propuso recientemente un plan para pagar las deudas que el Gobierno tiene con las provincias utilizando bienes y tierras estatales.
Sin embargo, en esa reunión no se habló específicamente sobre el plan que el presidente Javier Milei presentó en el Congreso y que actualmente está siendo debatido en las comisiones de la Cámara de Diputados, las cuales no han llegado a un acuerdo sobre el tema.
Las autoridades del país insisten en que el documento que se someta a votación en el lugar de reunión cumpla con el principio de "déficit cero". Sin embargo, los gobernadores desean que se agreguen ciertos fondos para sus regiones.
Los gobernadores provinciales están pidiendo principalmente una parte de los ingresos extras del gobierno central y de ciertos impuestos, así como que se les pague la deuda de los fondos de pensiones, un problema que lleva más de veinte años sin resolverse. El proyecto se detuvo en el lugar donde se reúnen los legisladores porque el gobierno central está pidiendo a los gobernadores que, a través de sus representantes en la cámara, indiquen en qué áreas se van a gastar los fondos adicionales que no estaban planeados en el proyecto inicial.
Por otro lado, aquellos que pertenecen al grupo Juntos por el Cambio siguen afirmando que es responsabilidad del gobierno nacional decidir cómo pagar las deudas que la Justicia ha ordenado saldar.
“Es responsabilidad del Ejecutivo ver de dónde se sacan los recursos. Para qué son Gobierno si no definen las partidas presupuestarias que corresponden por ley. Nadie está pidiendo un centavo discrecional ni que vuelva el Fonid (fondo de incentivo docente), ni tampoco los subsidios al transporte urbano. Solo estamos pidiendo que cumplan la ley y los pactos preexistentes. Va a terminar todo judicializado”, señaló una fuente cercana a las negociaciones.
En este caso, los líderes de las provincias mencionan que la compensación del Pacto Fiscal del 2017, que también están pidiendo, es una ley aprobada por el Congreso. Además, el tema de las 13 cajas de jubilación que aún no han sido transferidas a la Anses ya tiene un fallo a favor. Sobre este tema, los gobernadores afirman que sus demandas "no afectan el equilibrio fiscal", ya que son solo el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y menos del 2% del presupuesto total para el 2025.
"Si solo es un dos por ciento, que nos indiquen de dónde lo obtenemos y nosotros lo realizamos." La idea es simple, al final del día, la cuenta debe quedar en cero", respondió una fuente de Balcarce 50.
Por otro lado, las provincias del interior del país están preocupadas porque la Nación está pagando la deuda que tenía con la ciudad de Buenos Aires por concepto de coparticipación, pero otras provincias no están recibiendo el mismo trato.
El miércoles pasado, después de una videollamada, los gobernadores de Juntos por el Cambio se comunicaron con los líderes de los grupos en la Cámara de Diputados de los partidos de la alianza (PRO, UCR y Coalición Cívica). Ellos solicitaron una reunión en persona con la dirección del partido libertario para discutir un tema, pero no recibieron respuesta.
En el grupo político dicen que no les preocupa si el proyecto no es aprobado, porque podrían extender por orden oficial el proyecto del año 2023, que fue el último aprobado. La oposición dice que "sería muy malo para la economía". De hecho, algunos líderes del partido PRO creen que es falso que a Milei no le preocupe quedarse sin Presupuesto. Piensan que esto afectaría la imagen del país frente a los inversores extranjeros y a los organismos de crédito, lo que complicaría el plan económico y retrasaría la eliminación de ciertas restricciones financieras.
En la Casa Rosada confirman su postura y señalan que, tal como está la situación actualmente, no habría consenso con las provincias. Sin una garantía de aprobación, no se convocarán sesiones especiales y el proyecto no será discutido.
