La dura y elocuente derrota de Mauricio Macri por sobre Daniel Scioli, tendrá efectos que superan lo imaginable. Algunos son obvios, otros no tantos: por caso, la derrota envalentonó a los capitostes del PJ tradicional que venían mostrando obvia incomodidad para con el kirchnerismo.
Para entender el cisma que viene, hay que prestar atención a puntuales causas judiciales, las cuales cobrarán reimpulso aún cuando hoy parecen paralizados.
Uno de ellos es el que lleva adelante el juez Claudio Bonadío, relacionado con presuntos sobornos en la importación de gas. En ese contexto, no casualmente decidió el magistrado allanar el Ministerio de Planificación Federal y las empresas estatales Enarsa e YPF el mismo día que se conmemoraba con dolor un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el pasado 18 de julio.
Otro expediente que avanzará es el de Hotesur, que en unas semanas el juez Daniel Rafecas va a reimpulsar, para enojo de CFK.
Pero hay otra causa aún más elocuente de lo que vendrá, que impulsa su colega Ariel Lijo: es la que busca determinar si los laboratorios medicinales que traficaron efedrina aprovecharon la campaña política del Frente para la Victoria en 2007 para blanquear dinero.
Una campaña bajo sospecha
Lijo tiene en su poder un documento determinante y elocuente: un dictamen de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que da por probado el hecho.
Con ese informe en sus manos, el juez irá por Cristina luego de que pasen las elecciones. Bonadío hará lo propio con el expediente Hotesur, tal cual le juró en reserva a la denunciante, Margarita Stolbizer.
El juez Lijo sospecha que se habría violado la ley 25.246, al tiempo que abriga la posibilidad de que hubiera habido encubrimiento de la procedencia de activos —del artículo 278 del código de rito—. También podrían darse otras figuras penales como asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, falta a los deberes de funcionario público, recepción de coimas y dádivas, malversación de fondos públicos y hasta contrabando simple.
Al documento de la Corte, debe sumarse un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de principios del año 2010 que también está en poder del juez. Allí también se vincula la campaña del año 2007 con puntuales empresarios investigador por tráfico de efedrina.
Por caso, en ese documento, donde aparecen oportunos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), se desnuda cómo el empresario Néstor Lorenzo hizo una serie de aportes en efectivo a la campaña ad hoc por un total de 2 millones ochocientos mil pesos, entre octubre y noviembre del 2007.
Como sea, según reveló oportunamente diario Perfil, un grupo de jueces se reunieron en Puerto Madero para ponerse de acuerdo entre sí y avanzar en causas de corrupción contra el kirchnerismo. Quien coordinó ese ágape es un operador cercano a Eduardo Duhalde, a quien, dicho sea de paso, el gobierno acusa por impulsar disturbios de cara a diciembre de este año.
Uno de los magistrados que estuvo allí explicó a Perfil con crudeza: “Acá (en tribunales) hay una sensación de que este Gobierno se terminó”. Luego del próximo domingo, ello será algo más que un dogma de fe.
Concluyendo
Cristina está preocupada, no solamente por el avance judicial sobre sus cuentas, sino además por la imposibilidad de operar sobre la justicia Federal.
Su otrora operador, el auditor Javier Fernández, quedó desactivado luego de que el 5 de octubre de 2011 alguien tiroteara su automóvil. Ocurrió mientras transitaba desde su casa hacia sus oficinas en el microcentro porteño.
Esa mañana, Fernández fue interceptado por un vehículo, desde el cual habrían disparado “a matar”, según detalló un peritaje hecho por Gendarmería nacional.
Lo curioso del hecho es que, hasta el día de hoy, el auditor insiste en asegurar que lo que le pasó es, ni más ni menos, que la cara más feroz de la interna del PJ.
Como dijo alguien alguna vez, “en política las casualidades no existe”.
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