Se convierte en alcalde en medio de un profundo miedo tras el homicidio brutal de su predecesor en el sur de México

 Eclipsado por un grupo reducido de oficiales de policía y bajo el amparo del temor, el jueves se juramentó el nuevo alcalde de la capital del estado de Guerrero, en el sur de México, después del brutal homicidio de su antecesor, decapitado seis días tras tomar el mando.

A solo cuatro días del asesinato de Alejandro Arcos, Gustavo Alarcón Herrera, su sucesor, un médico y opositor, tomó las riendas como nuevo alcalde de Chilpancingo, una ciudad con aproximadamente 300.000 residentes, inmersa en el temor a la violenta contienda territorial que sostienen dos grupos delictivos organizados, Los Ardillos y los Tlacos.

Entre ovaciones y rodeado de fotógrafos y periodistas, Alarcón Herrera asumió el cargo de alcalde en el hemiciclo del Congreso de Guerrero. El juramento del médico se suspendió por algunos días debido al impacto y miedo que generó la muerte de Arcos, cuya cabeza fue hallada el domingo en el techo de un automóvil desocupado en una calle de Chilpancingo.

En entrevistas a los medios, el recién nombrado alcalde comunicó que ya disponía de seguridad a nivel federal, estatal y municipal, y prometió "laborar en beneficio de todos" para combatir la violencia en Chilpancingo. Poco después abandonó el Congreso estatal bajo la custodia de una patrulla formada por tres oficiales de policía militar y una camioneta, en la que se encontraban cuatro guardaespaldas ataviados con traje civil.

El homicidio del alcalde opositor de 43 años sucedió tres días tras el asesinato del secretario municipal de la ciudad, y nueve días tras el homicidio de un capitán del ejército que se presentaba como secretario de Seguridad Pública de la alcaldía.

El caso causó una gran controversia y nuevamente cuestionó las políticas de seguridad de las autoridades de México.

Dos días tras el violento suceso, la mandataria Claudia Sheinbaum, tal como se había planeado tras tomar el mando el 1 de octubre, presentó su plan nacional de seguridad, que contempló algunas de las políticas de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Incluyen la implicación de los militares en tareas de seguridad pública y la implementación de programas de asistencia social.

El plan de Sheinbaum se basa en cuatro pilares fundamentales: abordar las causas de la violencia mediante programas sociales para prevenir que los jóvenes sean atraídos por el crimen; fortalecer la Guardia Nacional bajo la dirección del ejército; establecer un sistema nacional de inteligencia e investigación, y la colaboración entre el gobierno federal, los estados, los municipios y el Ministerio Público.

Dentro de estas estrategias, a comienzos de este mes se enviaron al estado occidental de Michoacán, considerado uno de los más violentos del país, 360 miembros de la Guardia Nacional y 300 militares. El objetivo es fortalecer la seguridad en la zona de Tierra Caliente y brindar resguardo a los cultivadores de limón, comunicó la Secretaría de la Defensa Nacional el jueves en un anuncio.

En la exposición, Omar García Harfuch, el recién nombrado secretario de Seguridad del país, afirmó que se estaba investigando el homicidio de Arcos y reveló que otros cuatro alcaldes —dos en Guerrero y dos en Sinaloa— habían pedido seguridad.

La intensa actividad del crimen organizado en Guerrero, uno de los seis estados con mayor violencia del país, no es un fenómeno reciente. Funcionarios federales indicaron a mediados del año pasado que una protesta con cientos de individuos en Chilpancingo había sido coordinada por Los Ardillos con el objetivo de conseguir la liberación de dos líderes del grupo, arrestados por tenencia de drogas y armas.

Los protestantes impidieron el tránsito en la vía que conecta la Ciudad de México con el puerto de Acapulco durante dos días, se enfrentaron a las autoridades y se llevaron un automóvil policial resistente que emplearon para arrojar piedras en las puertas de la legislatura estatal.

Los manifestantes capturaron a 10 integrantes de la policía local y la Guardia Nacional, junto con tres oficiales estatales y federales, y los mantuvieron como cautivos hasta que se satisfacieron sus exigencias.

Se informó en febrero pasado que dos grupos delictivos que operan en Guerrero, la Familia Michoacana y Los Tlacos, pactaron una tregua después de meses de diálogos que mantuvieron con varios obispos del estado. La tregua ocurrió tras semanas de intensos enfrentamientos bélicos que causaron múltiples víctimas mortales.