Un penitenciario acusado de acoso sexual fue designado para presidir la comisión de trabajo que se encargará de reorganizar el aparato de inteligencia penitenciaria, desmantelado a mediados de 2020 por la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, por la supuesta vinculación de su cúpula con la causa por presunto espionaje macrista. Se trata del inspector general (r) Juan Carlos Lafuente, cuyo nombramiento fue promovido por una mujer: Sonia Álvarez, quien llegó a la Subdirección Nacional de la institución el 8 de marzo de 2021.

Tal como publicó PeriodismoyPunto entre los días 21 y 24 de septiembre de 2020, sobre Lafuente pesan graves acusaciones. Incluso, este portal publicó algunos de los mensajes que el inspector general (r) le envió a una de sus víctimas. En uno de ellos le pedía que fuera a verlo en “minifalda y nada de ropa interior”.

Tras la difusión del caso, la mujer que sufrió y denunció el acoso de Lafuente se presentó en la sede de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal para hablar el tema con la interventora Garrigós de Rébori. Sin embargo, no sólo no fue recibida sino que fue maltratada por el personal que la atendió.

“Me quisieron hacer firmar un acta que decía que me hice presente sin audiencia, que no tenía firma de ningún jefe”, contó entonces a PyP, después de haber esperado tres horas por la ex jueza y también fundadora de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

Mientras tanto, Lafuente permanecía inmutable en su despacho de director general de Régimen Correccional -al que había vuelto con el gobierno de Alberto Fernández, luego de tomarse licencia por otra denuncia hacia fines de 2019- y deslizaba en grupos de WhatsApp que estaba siendo víctima de una extorsión.

El año pasado, el denunciado inspector general pidió el retiro y se sumó al Consejo de Planificación y Coordinación del Servicio. Su lugar fue tomado por otro inspector general, Walter Alfredo Argüello, quien fue el impulsor de esta comisión dedicada a la “coordinación estratégica de información penitenciaria”.

Así lo señaló la subdirectora Álvarez en la Disposición 419/2022, que el 11 de febrero pasado puso en marcha la comisión con Lafuente a la cabeza.

En los fundamentos de la disposición, a la que PeriodismoyPunto tuvo acceso exclusivo, la funcionaria recordó que Argüello le había elevado una nota plateándole la necesidad de contar con un “área específica de coordinación estratégica de información penitenciaria”.

Según Argüello esta comisión tendría como misión producir y difundir “información de interés institucional, en función de posibles hechos, amenazas, riesgos o conflictos” para brindar el “asesoramiento oportuno para la toma de decisiones”.

Curiosamente, Lafuente no es el único integrante de la comisión sobre el que pesan cuestionamientos. También está el alcaide mayor Rubén Escalante, quien fue uno de los 76 penitenciarios suspendidos cuando el 18 de junio de 2020  Garrigós ordenó el “cierre transitorio” de la Dirección de Análisis de Información.

“Esta comisión es para darle forma a algo que nunca dejaron de hacer”, aseguró un penitenciario caído en desgracia con la llegada de la ex jueza al SPF. Y señaló: “Pero lo peor de todo es que toda la información de inteligencia ahora la tiene Lafuente”.