Bolivia permite importación privada de combustibles ante crisis de desabastecimiento
El Gobierno decidió permitir la venta de combustibles importados en el mercado nacional para ayudar a resolver la escasez que está afectando al país.
La expresión se encuentra en páginas de libretas encontradas durante los allanamientos a líderes del Polo Obrero y se incluye en la causa judicial que los investiga por presunta extorsión. Para aquellos que no asistieron a las manifestaciones, se utilizaron las etiquetas "Sancionad@s" y "Sanciónes".
Actualidad22/05/2024 Periodismo y PuntoEl Gobierno está investigando a dirigentes piqueteros por extorsión contra beneficiarios de programas sociales, especialmente el Potenciar Trabajo. Cada día se revelan manejos preocupantes en los que la Justicia investiga un plan organizado de extorsiones. Se informó este martes que el Polo Obrero imponía una multa a aquellos que no asistían a las marchas como "no comer".
En páginas de cuadernos encontrados durante los allanamientos a líderes de ese grupo de izquierda, se repitió la frase textual. Estos cuadernos registraban las sanciones impuestas por la dirigencia piquetera a aquellos que no cumplían con sus órdenes. De acuerdo con la interpretación judicial, la prohibición de comer implicaba prohibir a los beneficiarios el acceso a los comedores que administra la organización política.
Los cuadernos en forma de espiral tenían títulos como "Sancionad@s" -en un lenguaje inclusivo- o "Sanciónes", con una portada modificada en función de la cantidad de eventos documentados.
Nicolás Wiñazki presentó la información en el programa "Somos buenos" de TN. El juez Sebastián Casanello está tramitando la causa y el fiscal Gerardo Pollicita la impulsa.
El Polo Obrero recibía castigos por no asistir a manifestaciones o involucrarse en otras actividades, como colgar carteles de candidatos de izquierda. Wiñazki explicó al aire que habían sido sancionados y obligados a pagar una parte del plan como multa, en lo que ellos denominaban cápita, como si fueran empresarios, basándose en el dictamen fiscal.
La conclusión de la investigación judicial indica que la organización contaba con un sistema de castigos. Se pueden aplicar multas de diez mil pesos por los planes o incluso la prohibición de acceder a la comida.
La foto que ilustra esta nota, que también está en la causa, es de 2022. Los nombres de los beneficiarios, los punteros y las fechas de las sanciones se ven. En días como el 15 de junio, el 24 de julio y el 1 de agosto, los responsables como "Juan Carlos" abren vacantes. Además, se registran los "cumplimientos", que indican la presencia de los beneficiarios en manifestaciones. igual que el 23 de agosto.
Un día previo, el Polo Obrero organizó una multitudinaria manifestación en dirección al Ministerio de Trabajo, que en ese momento estaba dirigido por Claudio Moroni, para exigir el pago del salario mínimo, vital y móvil. En el gobierno de Alberto Fernández, los piqueteros se enfrentaron a Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social.
Pero también había "recompensas o ganancias". Parece que en el Polo Obrero se tenía la capacidad de ascender a medida que se cumplían ciertos requisitos. Un usuario del programa Potenciar Trabajo se encontraba en "lista de espera" mientras cumplía con realizar tres viajes. Un "beneficiario común" debía pagar a la organización una parte de lo que ganaba por el plan.
Después, existían "cuadrillas", "nexos", "delegados" o "referentes", según lo representó Pollicita en el dictamen al que Clarín accedió. Los niveles superiores de la organización podrían obtener beneficios como un "salario adicional" -un porcentaje adicional de otros planes pagados- o tener acceso a los productos de los comedores para poder revenderlos. Un "delegado" puede cobrar hasta cuatro veces más que un "beneficiario común".
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