Modo campaña: Alberto Fernández inauguró una obra sin finalizar y sin habilitar

El gobierno Nacional, organismos y empresas relacionadas al transporte aéreo inauguraron una calle de rodaje, en el aeropuerto de Ezeiza, y una torre de control, en el aeropuerto de San Fernando, con irregularidades e incumplimiento de las normas.

Investigación 09/11/2023 Federico Teijeiro

Con presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, el presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Carlos Lugones, la presidenta y Gerenta General de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA SE), Gabriela Logatto, la administradora de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, el presidente de Aerolíneas Argentinas (ARSA), Pablo Ceriani, el director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, y el CEO de Aeropuertos Argentina 2000 (AA 2000), Daniel Ketchibachian, inauguraron la nueva calle de rodaje en el aeropuerto de Ezeiza, el 22 de septiembre. Según los presentes, “la obra optimiza tiempos, y duplica la capacidad operativa del aeropuerto, convirtiéndolo en el primero del país en tener puntos de espera de pista en un mismo rodaje”.

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De izquierda a derecha: Pablo Fernández Fayolle (Intercagro), Carlos Lugones (ORSNA), Daniel Ketchibachian (AA 2000), Alberto Fernádez (presidente de la Nación), Diego Giuliano (ministro de Transporte), Paola Tamburelli
(ANAC), Pablo Ceriani (ARSA) y Gabriela Logatto (EANA SE).

Sin embargo, el 6 de octubre se publicó el suplemento de la Publicación de la Información Aeronáutica (AIP), tal y como lo determinan las normas y métodos internacionales plasmados en el Anexo 15 Servicios de Información Aeronáutica (OACI) y en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil Parte 215 (RAAC 215). Y tres días después comenzaron con las pruebas y también se habilitó. En otras palabras, inauguraron una obra que no se pudo utilizar, si no hasta, alrededor, de tres semanas más tarde. A una semana del anuncio, todavía los controladores aéreos, del aeropuerto de Ezeiza, instruían a los aviones a que fueran marcha atrás en la pista, para el despegue; porque la calle de rodaje no estaba habilitada y utilizable.

En el acto, el gobierno aseguró que la obra duplicaría la capacidad operativa de la pista, de un promedio de 15 a 30 movimientos por hora. No obstante, y según varias fuentes consultadas, la pista 17-35, y por extensión el rodaje nuevo, solo se utiliza los días lunes, martes, viernes y sábados, de 8.40 a 11.40 am. O sea, 3 horas por día, 4 días a la semana, 12 veces al mes. Por consiguiente, los datos y las afirmaciones no fueron ciertos.


Por otra parte, el 19 de septiembre, Giuliano encabezó, junto a autoridades de ORSNA, AA2000, EANA SE y ANAC, la finalización de obra de la nueva torre de control, en el aeropuerto de San Fernando que, según informaron, cuenta con tecnología de última generación y ocho niveles, alcanzando una altura máxima de 34,79 metros. No obstante, solo terminó la construcción edilicia. En otras palabras, un cascarón vacío, sin equipamiento de ningún tipo. 

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La nueva construcción cuenta con un grave problema: desde allí solo se ve la plataforma principal y una pequeña parte de las plataformas privadas. El resto, las que están a sus lados y la de PNA (Prefectura Naval Argentina) no se pueden observar completamente. Esto es un riego de seguridad operacional, que puede provocar roces o colisiones de aeronaves entre sí, o de éstas con vehículos de apoyo técnico.

A esto hay que sumarle otros agravantes. Ni la nueva torre de control, y tampoco la plataforma de PNA, fueron aprobadas por la ANAC. Si observamos la distribución del terreno, donde está emplazado el aeropuerto, se realizó la obra justo al lado de la torre de control anterior. Seguramente, para que el traspaso de los equipos y cableados no sea tan complejo. Según fuentes consultadas, no hubo ningún estudio previo. Cuando entre en funcionamiento la  torre de control, lo hará con algunos de los problemas actuales y otros nuevos.

El aeropuerto de San Fernando es el tercero con más vuelos diarios después de Ezeiza y Jorge Newbery; respectivamente. La importancia de este aeródromo radica en que es el que concentra la mayor cantidad de vuelos sanitarios del país. También, porque se utiliza para la formación de pilotos.
Pero el apuro del gobierno por inaugurar estas obras tuvo una explicación. Querían mostrar toda la gestión posible antes de la veda electoral. Recordemos que el artículo n°64 bis, del Código Electoral Nacional, Ley N°19.945, prohíbe realizar anuncios de gestión, a partir de 25 días antes de las elecciones. 
Por otra parte, y no menos importante, según establece la Resolución N°443/2014, de la ANAC, es requisito realizar un análisis de riesgo de seguridad operacional previo a la implementación de ciertos cambios, como por ejemplo: “Refacción y/o ampliación de plataformas, pistas y/o rodajes”. Tanto en el caso de Ezeiza, como el de San Fernando, EANA SE y AA 2000 debieron realizarlos, cada uno el suyo, y presentarlos ante la ANAC, que debió aprobarlos. No lo hicieron y ANAC tampoco se los exigió.

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Esto no es nuevo. Después de que se anunciara que Aerolíneas Argentinas comenzaría a volar a Miami y Nueva York, desde el aeroparque Jorge Newbery, a partir del 7 agosto, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por las siglas en inglés) le envió una carta a Paola Tamburelli, titular de la ANAC, donde le pidió los análisis de impacto en seguridad operacional, tanto aérea como aeroportuaria. Además, datos de capacidad y de operabilidad de la terminal, que respalden la decisión de incorporar vuelos desde y hacia los Estados Unidos. Al igual que en los casos anteriores, tampoco en este se realizaron. Ni siquiera hubo un estudio de impacto ambiental. Nada. 

Todo esto se suma a la denuncia por poner en riesgo la seguridad de todos los pasajeros en el país, irregularidades e incumplimiento de las normas; entre otros, por parte de la EANA SE, ANAC, Junta de Seguridad del Transporte y Fuerza Aérea, que presentó José Magioncalda y Juan Otegui, abogado y director de la Fundación Apolo y que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de Julián Daniel Ercolini.

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