El Gobierno dispuso este jueves un aumento de 23,32% para los contratos políticos, a través de una Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros que ajusta el valor de las unidades retributivas de servicios (URS) con las que se fijan las contrataciones de personas físicas para la prestación de «servicios personales destinados a desarrollar estudios, proyectos y/o programas especiales».

En la práctica se trata de una artilugio administrativo que le permite a las «autoridades superiores» –vicepresidente, ministros, secretarios y titulares de organismos desconcentrados y descentralizados– sumar personal sin engrosar la planta transitoria y –en algunos casos– hacer caja, pues no son pocos los beneficiarios que deben entregar parte de sus honorarios a sus jefes para financiar «la política».

«Establécese el valor de la unidad retributiva de servicios (URS), aplicable a los contratos regidos por el Decreto Nº 1109/17, a partir de PESOS OCHENTA Y OCHO CON 30 CENTAVOS ($88,30)», dice el artículo 1º de la Decisión Administrativa 488/2022, que lleva las firmas del jefe de Gabinete Juan Luis Manzur y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Si bien la disposición no hace mención a la inflación, en los considerandos se explica «que en esta instancia corresponde actualizar el valor en pesos de dicha URS, aplicable a los citados contratos».

La última actualización se había dado en octubre, cuando llegó a los $71,60 por unidad. Desde entonces, el IPC acumuló una suba del 25,1%.

Por otra parte, corresponde destacar que este «salariazo» encubierto para los colaboradores de funcionarios de alto rango se da luego de una reestructuración en el reparto de las URS.

Mediante otra decisión administrativa –la 371/2022, publicada el 12 de abril–, Manzur estableció que la Jefatura de Gabinete podría disponer de 30.000 URS; lo que hoy se traduce en $2.649.000 mensuales. En tanto, la Secretaría General de la Presidencia, a la que también le correspondían 30.000 URS, le sumó «la cantidad adicional de VEINTINUEVE MIL CIEN (29.100)». En total: $5.218.530 mensuales.

Cristina Kirchner, en este caso, perdió: a su disposición pusieron 10.000 URS ($883.000 mensuales). Es poco más de la mitad de lo que se le asignó a las secretarías de Legal y Técnica, Asuntos Estratégicos y Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, las cuales son conducidas por funcionarios que responden directamente a Alberto Fernández. Cada una recibe 17.000 URS mensuales ($1.501.100).

Debajo de ellos se ubican, por ejemplo, la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (8000 URS), el procurador del Tesoro Carlos Zannini (7000 URS), las autoridades superiores con rango de secretario de Estado (5000 URS) y las autoridades superiores con rango de subsecretario de Estado (3000 URS).