El Gobierno seguirá con el nuevo proyecto de reforma laboral y ya se espera el próximo conflicto con la CGT

La CGT ya tiene su primer problema para 2025: el Gobierno planea avanzar el próximo año con un proyecto de ley que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. Estos cambios ya fueron rechazados por los sindicatos porque formaban parte del DNU 70, que fue detenido por la Justicia.

Es el proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo, que fue presentado en la Cámara Baja por la diputada nacional Romina Diez de La Libertad Avanza, junto con otros 14 compañeros de su bloque, incluyendo a José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, el líder de esa bancada.

Fuentes del oficialismo le dijeron a Infobae que hay una decisión política de priorizar la aprobación de ciertos proyectos en el Congreso durante el primer semestre de 2025. Esto se hace para “facilitar e impulsar el crecimiento de las empresas (especialmente las pymes), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”.

De cualquier forma, aceptaron que se permitirá a otros grupos parlamentarios sugerir cambios en el texto de la iniciativa para que su aprobación no se detenga.

En la Secretaría de Trabajo, dirigida por Julio Cordero, señalaron que “ese proyecto es bueno para todos, especialmente para los trabajadores y para la creación de empleo, y no perjudica a ningún grupo”. En el Ministerio de Capital Humano están intentando llegar a un acuerdo sobre el contenido de la iniciativa con la CGT y los empresarios. Sin embargo, en el sindicalismo hay preocupaciones de que negociar con el Gobierno sobre este tema signifique “convalidar la pérdida de derechos de los trabajadores”, según avisó un líder de la CGT.

La preocupación de los sindicatos aumentó después de que Javier Milei anunciara el 10 de diciembre en su discurso por el primer aniversario de su gestión que promoverá “una verdadera reforma laboral”. Esto sorprendió a los líderes sindicales, ya que el tema no se había mencionado en las conversaciones privadas que tienen con funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo.

Un sindicalista importante dijo que “los números en el Congreso siguen siendo ajustados y hay que ver si ese proyecto pasa o no, pero dependerá mucho del nivel de diálogo que tenga la CGT con el Gobierno”. "Si hay una mesa de diálogo con nosotros, promover ese proyecto rompería la relación porque en el texto se incluye todo lo que se quedó fuera de la Ley Bases y lo que estaba en el DNU 70, que fue detenido por la Justicia tras un amparo de la CGT", añadió.

El líder cegetista dijo que el Gobierno podría promover el proyecto para “usarlo electoralmente”, pero cree que será complicado que avance en marzo o abril en el Congreso.

El proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo fue presentado el 27 de noviembre en la 30° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) por Juan Pazo, quien era el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía y colaborador de Luis Caputo. Una semana después, Caputo se convirtió en el titular de ARCA, la antigua AFIP, y contó con el respaldo de la central fabril.

Los primeros 17 artículos proponen cambios en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Uno de estos cambios se refiere a la irrenunciabilidad. El primer artículo dice que “será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”. Este punto permitiría que todas las condiciones acordadas que superan lo que dice la ley o los convenios colectivos, es decir, las que se pactan entre las partes o las que son por costumbre, pueden ser rechazadas por el trabajador, como el pago de una suma mensual que supere el salario establecido en el convenio.

El artículo 2° propone cambiar el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que “el empleador puede hacer cambios en la forma y condiciones del trabajo, siempre que estos cambios no sean irrazonables, no modifiquen aspectos esenciales del contrato y no perjudique al trabajador, ya sea de forma material o moral”. Además, menciona que “si el empleador toma decisiones prohibidas por este artículo, el trabajador puede optar por considerarse despedido sin causa”.

El proyecto de la diputada Romina Diez elimina lo que establece la norma siguiente: la opción de "accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas" y que "en este último caso, la acción se llevará a cabo por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose cambiar las condiciones y modalidades de trabajo, a menos que sean generales para el establecimiento o sección, hasta que se dé la sentencia definitiva".

Además, la iniciativa libertaria define “beneficios sociales” como ayudas no monetarias específicas para trabajadores, como comida, gastos médicos, guarderías o formación. También propone mejorar los sistemas de pago, con opciones electrónicas y nuevas reglas para el registro y conservación de los recibos de sueldo. Además, sugiere cambios en el régimen de vacaciones, permitiendo más flexibilidad en su concesión y la posibilidad de dividir los períodos.

Permite la implementación de sistemas de horas trabajadas, horas extras y otros esquemas flexibles mediante acuerdos colectivos. También establece derechos y plazos para casos de enfermedad o accidente, asegurando el salario durante períodos de incapacidad y regulando el proceso de certificación médica. Además, incluye la "modernización" del Régimen de Trabajo Agrario.

Otro capítulo del proyecto se centra en el “Incentivo al empleo” y incluye lo siguiente:

Bonos de Crédito Fiscal para nuevas contrataciones.
Beneficios fiscales por 12 meses según el tamaño de la empresa: micro: 100%, pequeñas: 75%, medianas: 50% y grandes: 25%.
Los bonos solo se aplican a contratos que aumenten el total de la nómina en comparación con el período base.
Reducción gradual de los programas de apoyo social para quienes comiencen a trabajar en empleos formales.
Bonificación del 100% en contribuciones patronales para nuevos empleados que vienen del sector público, con algunas excepciones para ciertos puestos de alta dirección.

En otro título del proyecto, llamado “Fomento a la producción y productividad”, se menciona:

Régimen de Incentivo para Inversiones Medianas (RIMI),
Incentivos para inversiones de más de USD 150,000 (microempresas) hasta USD 30,000,000 (grandes empresas) en bienes de capital y proyectos de infraestructura.
Los beneficios específicos son la amortización rápida, la reducción del tiempo para recuperar el IVA y la exclusión de nuevos sistemas de impuestos.
Exclusión del régimen para personas o entidades que tengan antecedentes judiciales graves, deudas con el fisco o que estén involucradas en grandes inversiones.
Beneficios fiscales adicionales: exenciones en derechos de exportación para MiPyMEs hasta 2026 si superan los montos de exportaciones anteriores.