Alarma en la Corte Suprema: Una serie de llamados de alguien que se hace pasar por Horacio Rosatti

El último de estos contactos ocurrió este viernes en la División Unidad Operativa Federal de la provincia de San Luis. Un hombre que dijo ser el presidente de la Corte Suprema pidió hablar con un encargado para que le dijera si había detenidos en ese lugar y cómo estaban. Todo en el contexto de una supuesta investigación sobre los derechos humanos de los presos.

El agente que atendió la llamada dijo que el encargado no estaba ahí y le pidió que dejara un número de teléfono para que lo llamaran. Luego, informó a sus superiores y la noticia llegó a Claudia Beatriz Cecchini, de la División Seguridad y Custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Algo parecido pasó hace unas semanas. El caso fue iniciado en el juzgado de Lijo con la participación del fiscal Franco Picardi.

En la llamada que dio inicio a la investigación, la persona que se hizo pasar por el cortesano y presidente del Consejo de la Magistratura pidió al oficial de la comisaría que le proporcionara una lista con el número de detenidos en las instalaciones, el nombre completo de cada uno, su número de causa, el tiempo que llevan detenidos y si tenían antecedentes. Además, pidió los números de teléfono de los familiares de los presos.

La hipótesis que considera la Justicia es que un grupo delictivo, cuyos miembros están arrestados, hace llamadas para obtener información y pedir dinero a los familiares de otros presos a cambio de una falsa fianza.

"La forma en que se haría sería comunicándose con las dependencias policiales para pedir información sobre los datos personales y de contacto de los familiares de personas detenidas, haciéndose pasar por diferentes autoridades judiciales." Después de obtener esos datos, se contactaban con los familiares de las personas detenidas para informarles sobre la posibilidad de liberar a los detenidos con una fianza. También proporcionaban información sobre la cuenta para que se hicieran las transferencias de dinero, dice la carta en la que Lijo informó a Rosatti sobre la situación.

"Se estableció que los llamados provenían del Establecimiento Penitenciario n° 7 de Jujuy", señala el magistrado.Se le dio intervención al Departamento de Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina y a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJUDECO), luego de que Lijo dictara las primeras medidas de prueba para determinar quien estaba detrás del llamado.