Conflicto con Aerolíneas Argentinas: el Gobierno se reúne hoy con los gremios

La semana pasada, la confrontación entre los sindicatos aéreos y el Gobierno nacional alcanzó un nuevo nivel, con huelgas caóticas y la amenaza de clausurar Aerolíneas Argentinas. En esta situación, hoy se llevará a cabo un encuentro entre ambas partes con la intención de encontrar puntos en común y evitar recurrir a acciones más contundentes.
La disputa se intensificó con la celebración de reuniones sorpresivas que perturbaron la operación habitual del Aeroparque y del Aeropuerto de Ezeiza, resultando en pasajeros varados en los aviones durante largos períodos de tiempo. Como resultado, el Gobierno decidió prescindir de 15 trabajadores de Intercargo y eliminó las regulaciones del servicio de rampa en todas las terminales aéreas.

Se solicitó a los sindicatos aeronáuticos por parte del Gobierno la creación de un plan que asegure el funcionamiento de la compañía estatal sin enfrentamientos laborales. En caso de no atender a esta petición, el Poder Ejecutivo ha comunicado que exigirá que la compañía se incorpore a un Plan Preventivo de Crisis o se verá obligado a clausurarla de manera permanente. El viernes era el plazo final, cuando los sindicatos se reunieron para entablar conversaciones y comenzaron un intercambio de ideas con los representantes de Aerolíneas en Aeroparque para abordar el tema de los salarios. En esa reunión, demostraron estar "abiertos" a progresar hacia un potencial incremento. En este primer encuentro, en ausencia de los líderes principales, se inició una pausa momentánea sin acciones contundentes mientras se aguardan progresos.

Hoy se llevará a cabo una nueva ronda de conversaciones, ya que se espera que los funcionarios del Gobierno se reúnan con los delegados de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), quienes rechazaron recientemente la oferta de la compañía estatal.
Tras analizar la reunión del viernes, Mateo Ferrería, en nombre de Pablo Biró, expresó que el encuentro fue "beneficioso" y anunció que el sindicato ha optado por detener sus acciones de protesta tras las conversaciones.

En contraste, Julio Cordero, el secretario de Trabajo, comunicó a través de Radio Mitre que el Gobierno implementará acciones con el fin de evitar que los pasajeros se vean atrapados en una situación complicada en caso de que el sindicato no cumpla con su promesa de mantener la paz. De acuerdo con Cordero, es esencial entablar negociaciones sin presiones, con el compromiso mutuo de evitar comportamientos conflictivos mientras se desarrollan las conversaciones.

“Nosotros verdaderamente esperamos que ya se empiece a establecer este periodo de negociación, donde una de las condiciones especiales para este período que están puestas sobre la mesa es que no existan medidas de fuerza. Esto es claro. Yo no puedo estar negociando con medidas de fuerza de uno de los negociadores, es como si yo te dijera ‘bueno, ok, te voy a despedir personas y ahora me siento en mi negocio, te hice un montón de despidos, te investigo, no despidos justificados, sino despido porque quiero y entonces me siento a negociar’. O sea, de la misma manera, uno espera que no haya medidas de fuerza del otro lado, pero si eso no sucede, se tomarán todas las recaudas que haya que tomar”, señaló.

En medio de estas tensiones, los sindicatos insisten en que las reuniones se centran exclusivamente en el reclamo de un ajuste salarial, argumentando que los sueldos presentan un atraso del 86% respecto a diciembre de 2022. Según Franco Mogetta, secretario de Transporte, el Gobierno está decidido a finalizar el financiamiento estatal que ha costado 8 mil millones de dólares durante el kirchnerismo. Mogetta añadió: “Si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa, y si no la aceptan, se cerrará”.

En paralelo, el Poder Ejecutivo busca llevar a la Corte Suprema de Justicia un fallo que favoreció a APLA, con el objetivo de revocar una medida cautelar que suspendió por tres meses los decretos 825 y 831. Estas normativas, emitidas en septiembre, establecieron al sistema de aeronavegación civil como servicio esencial, exigiendo a los gremios informar de las huelgas con cinco días de anticipación y asegurar un mínimo del 50% del servicio en caso de paro. El juez laboral Ricardo Hierrezuelo dictó la cautelar argumentando que el derecho de huelga está protegido en el artículo 14 bis de la Constitución y en tratados internacionales como el convenio de 1987 con la OIT.