A 30 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA SE SIGUE PIDIENDO JUSTICIA

El 18 de Julio de 1994 Argentina sufrió un ataque terrorista de los más recordados de la historia y aún hoy perdura esa herida en la comunidad judía y de todo el país.

Familiares pidiendo justicia

En la mañana del 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, se produjo una explosión que se convirtió en el mayor atentado terrorista que ha sufrido el país.

Cada año, a la hora precisa, suena una sirena para recordar las 85 muertes y los más de 300 heridos, y se sigue exigiendo justicia porque hoy, 30 años después, el atentado sigue sin castigo.

La autoridad judicial de Argentina identificó a Irán y al grupo extremista Hezbollah como responsables del incidente, sin embargo, no se han arrestado ni condenado y la investigación judicial ha sido obstaculizada por irregularidades.

La investigación inicial fue dirigida por el juez federal Juan José Galeano, quien determinó que se había empleado un vehículo bomba y que el supuesto dueño fue arrestado pocos días después del incidente. Sin embargo, la investigación comenzó a ralentizarse hasta que se reveló una compleja estructura de encubrimiento que incluía al juez en cuestión y a algunos de los fiscales encargados.

Años después, Galeano fue removido y, junto con otros fiscales y funcionarios de inteligencia, condenado por encubrimiento en este caso, después de ser comprobado, entre otras cosas, que el dueño del vehículo había recibido una suma de 400 mil dólares para involucrar a un grupo de policías.

Las condenas fueron confirmadas por una decisión reciente de la Cámara de Casación Penal, aunque se disminuyeron las penas.

En diciembre de 2003, Galeano fue excluido de la causa debido a las irregularidades presentadas. En septiembre de 2004, la investigación fue anulada y los acusados fueron absueltos porque la Justicia determinó que el juez instructor se enfocó en crear una hipótesis incriminatoria para satisfacer las demandas lógicas de la sociedad y también satisfacer intereses oscuros de gobernantes inescrupulosos.

Néstor Kirchner lideraba el gobierno argentino, sin embargo, se hacía referencia a Carlos Menem, quien lideró el país entre 1989 y 1999 y fue juzgado por encubrir el atentado, pero ha sido sobreseído. Durante su mandato presidencial, el 17 de marzo de 1992, dos años antes del atentado a la AMIA, el país había sido víctima de otro ataque terrorista que aún no ha sido esclarecido: una bomba había atacado la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires.

Durante la sentencia de 2004, se estableció una fiscalía especial para el caso AMIA liderada por Alberto Nisman, quien afirmó que nueve miembros del gobierno de Irán y de Hezbollah tenían la autoría intelectual. Cinco de ellos aún tienen vigentes las "alertas rojas" de detención internacional de Interpol, pero no se ha logrado avanzar en la conexión local.

En el año 2005, Kirchner emitió un decreto mediante el cual se reconoció la responsabilidad del Estado por la ausencia de esclarecimiento en la causa AMIA. Pocos días después, Galeano fue removido como juez debido a su intervención en la misma.

No obstante, en 2009 la Corte Suprema anuló la decisión de 2004 que absolvía a los acusados de la primera investigación. Sin embargo, en 2020, el propietario del vehículo fue absuelto porque no se demostró su responsabilidad.

El Memorándum

Desde 2006, la investigación sobre el atentado se había detenido debido a la incapacidad de investigar a los iraníes.

En el mes de febrero de 2013, el gobierno liderado por Cristina Fernández de Kirchner acordó un acuerdo de cooperación con la República Islámica de Irán. Supuestamente, el propósito era facilitar la investigación y permitir que una comisión de expertos legales internacionales en Teherán interrogara a los iraníes mencionados.

El memorándum fue aprobado por el Congreso argentino, sin embargo, en mayo de 2014, la Justicia argentina lo declaró inconstitucional. Como resultado, no entró en vigor porque el Parlamento de Irán nunca lo aprobó, un requisito necesario para su implementación.

En enero de 2015, Nisman interpuso una denuncia en contra de Fernández de Kirchner y otros oficiales por su presunta ocultación del atentado mediante este memorándum. Nisman fue descubierto muerto en un suceso que aún no ha sido esclarecido.

La acusación tuvo varios rechazos: primero, fue rechazada en todas las instancias de la justicia federal debido a que los jueces consideraron que si el memorándum no hubiera entrado en vigencia, el supuesto delito denunciado no habría ocurrido.

Después, durante el mandato de Mauricio Macri, se reabrió la causa y se procesó a Fernández de Kirchner y otros funcionarios. La expresidenta pudo evitar la prisión preventiva y ser enviada a un juicio oral. La ex líder afirmaba que estaba siendo perseguida políticamente, al igual que otras causas judiciales por supuesta corrupción.

Antes del inicio de ese juicio, en octubre de 2021, cuando Fernández de Kirchner ya era vicepresidenta, otro tribunal sobreseyó a los procesados. La Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra después de que se haya apelado la decisión.

Hace un mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado argentino por no haber cumplido con su responsabilidad de investigar el atentado y encubrirlo, después de 25 años de litigio.

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