La justicia analiza los fideicomisos de la presidencia de Alberto Fernandez.

Esta semana se habló mucho de los fondos fiduciarios que no tienen control del Parlamento. El presidente Javier Milei puso el foco en la plata que recibieron movimientos sociales como UTEP –Unión de Trabajadores de la Economía Popular- y el MTE –Movimiento de Trabajadores Excluidos- de Juan Grabois. Pero quedarse, únicamente, en el amigo del Papa Francisco, es un error. Según fuentes de Casa Rosada, fue justamente Jorge Bergoglio quien le dio via libre a Milei para que vaya a fondo con el tema.

Lo hizo en la reunión en el Vaticano que se prolongó más de una hora y en la que el presidente argentino le mostró algunas pruebas del desaguisado en el Ministerio de Desarrollo Social durante el cuarto gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. El Papa habría mostrado indignación por el uso de los pobres realizado en su nombre por sus supuestos amigos.

Los fondos fiduciarios nacieron a mediados de los noventa durante el menemismo como un instrumento para agilizar la función pública y evitar la burocracia. No es un invento argentino. En otros países de América Latina los fideicomisos vinculados con el Estado funcionaban desde la caída de la Bolsa de los años 30.

Durante el kirchnerismo, la creación por decreto de fondos fiduciarios se profundizó y desvirtuó.

Polémicas detrás de los fondos fiduciarios

Uno de los primeros fondos fiduciarios que terminó en escándalo fueron los créditos del Banco Nación en tiempos de Juan Carlos Fábrega. En la actualidad, uno de esos fondos está siendo investigado por la justicia federal por la compra de un campo por Lázaro Báez en la República Oriental del Uruguay. "El Entrevero" fue adquirido en el año 2010 por Leonardo Fariña, según el ex valijero, en nombre del empresario patagónico. No sólo se adquirió el extenso campo en las cercanías de Punta del Este sino también unos lotes en José Ignacio. Es el capítulo oriental de la ruta del dinero K.

Cuando los hermanos Schoklender decidieron resolver sus diferencias en la vía públicas, a metros de la entrada principal a la Casa de las Madres, a menos de 200 metros de las escalinatas del Congreso de la Nación, explotó Sueños Compartidos. El programa había sido el más ambicioso de construcción de viviendas e inclusión social del kirchnerismo. Las peleas entre hermanos generaron un destape de información que ventiló la corrupción de los protagonistas, de su madre putativa, la fallecida Hebe de Bonafini, y de funcionarios nacionales como José Francisco López, Abel Fatala y Julio De Vido.

Durante el período del escándalo judicial, la hija de Bonafini, Alejandra, se hizo cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Las deudas afloraban por todos lados y los trabajadores se manifestaban durante las marchas tradicionales de los jueves en Plaza de Mayo que realizan las Madres desde fines de los años 70 recordando a sus familiares desaparecidos. Allí apareció la figura del ex intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez para salvar al programa. Lo hizo con un Fondo Fiduciario con ayuda estatal. La justicia, en manos del juez federal Norberto Oyarbide, se centró en el período de los Schoklender y no investigó qué pasó luego con el sugestivo fondo que apareció, repentinamente, apañado por el gobierno de Cristina Kirchner, para tapar todo.

Los trabajadores de Sueños Compartidos no fueron indemnizados tras ser despedidos y maquinaria vial, computadoras, escritorios, muebles, fueron vendidos a precio vil. Detrás de Gutiérrez apareció el ascendente Emilio Pérsico. En esa época, era frecuente escuchar en Villa 15 –conocida como Ciudad Oculta- o en otros obradores de las Madres que: "Estábamos mejor con el 'loco'". Los trabajadores se quejaban de los sueldos del Movimiento Evita y extrañaban a Schoklender.

El fondo fiduciario que manejaba Juan Grabois
 

En el 2018, Carolina Stanley recibió a Juan Grabois y aceptó la creación de un fondo para urbanizar las villas miserias. Tras un relevamiento de los barrios populares – a través del RENABAP- se conformó el FISU –Fondo de Inclusión Socio Urbana-. La pandemia fue la excusa perfecta para nutrir de recursos el Fondo Fiduciario que evita los controles parlamentarios. Grabois logró colocar a una compañera de militancia de su movimiento llamada Fernanda Miño, oriunda de la Villa La Cava, San Isidro, sin experiencia en la función pública. El FISU pasó de 66 empleados a más de 600, muchos de ellos, militantes políticos. El presupuesto autorizado por el presidente Fernández de noviembre del 2020 se multiplicó hasta ascender a 60 mil millones de pesos.

El diez por ciento se derivaba a cooperativas vinculadas a Grabois.

En el año 2022, se presentó Santiago Cafiero, por entonces Jefe de Gabinete al Congreso de la Nación y le preguntaron por los FISU -Fideicomiso de Integración Socio Urbana.

El FISU se financiaba por 12 mil millones de pesos del Impuesto País (9% de lo recaudado) y el impuesto a las Grandes Fortunas que tuvo en el 2020 una recaudación de 35 mil millones de pesos.

Una torta de plata.

Ese 2022, se firmaron 69 convenios particulares por $3.937 millones solo en el año 2022 según lo que explicó Cafiero en aquel entonces. Diputados de la Coalición Cívica, como Hernán Reyes, desconfiaban del Fondo.

Pero ese año, Grabois empezó a quejarse, luego de la derrota electoral del kirchnerismo, del gobierno de Alberto Fernández y amenazó con cortar rutas y puentes.

El gobierno nacional estaba disconforme con Miño, la titular del FISU puesta por Grabois en su cargo. Decían que la plata no llegaba a los barrios carenciados. La presión del amigo del Papa logró sus frutos y los fondos los siguió manejando la dirigente popular que respondía a él.

Hoy el gobierno de Javier Milei puso la lupa en el FISU. A poco de asumir, el "raviol" del Ministerio de Desarrollo Social fue pretendido por curas villeros y hasta por el saliente ministro de Infraestructura. Así empezó la atención de Sandra Petovello por una caja que es millonaria y que provocó el malhumor de Grabois.

Hay fondos fiduciarios de todo tipo. De negocios del litio pasando por la minería o incluso para nobles banderas como las víctimas de trata de personas que manejó el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

También hay fideicomisos para el Cine que no pasan directamente por el INCAA. El gobierno nacional está convencido que la discusión de esos fondos volteó la Ley Omnibus.

La batalla recién empieza…