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En septiembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó al comandante principal y jefe del Escuadro 54 “Aguaray”, Marciano Alberto Páez, como autor de cohecho pasivo y partícipe primario de contrabando de exportación junto con un propietario de una finca ubicada en Salvador Mazza, a metros de la frontera con Bolivia. La condena fue apelada por su abogado defensor, Roberto Tomás Aranda pues asegura que en el juicio se demostró que la AFIP y la Aduana no controlaron los 100 pasos clandestinos que existen en la provincia de Salta con Bolivia.
Análisis y Opinión02 de abril de 2023PeriodismoyPuntoLa Cornisa accedió a videos que muestran cómo grupos de bagayeros traspasan la carga de camiones de granos de soja a bolsones. Los mismos son trasladados a transportes más pequeños de manera individual para acercarlos a la frontera. Para Aranda, durante la pandemia, los organismos de control liberaron las fronteras posibilitando que proliferen tales prácticas acreditadas en el juicio contra su defendido, el gendarme Páez.
Según el expediente judicial que accedió La Cornisa, unos 44.000 camiones llegaron, el año 2021 a Salvador Mazza. Cada camión carga 30 toneladas lo que significa un total de 320 mil toneladas de granos de cereal. En esa época, el valor internacional de la soja era de 600 dólares. Por lo tanto, el Estado Nacional perdió hasta 792 millones de dólares en la porosa frontera salteña.
Para Páez era "imposible controlar una extensa frontera por una sola persona". Aranda explicó ante las cámaras de La Nación + que "los changarines pasan bolsa por bolsa la mercadería" para luego revenderla en Bolivia al valor del dólar blue y los productores evitan el pago del 35% de las retenciones a la soja.
Para el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta que condenó al gendarme Páez, el contrabando de "incontables hechos" está "probado" y "existía un corredor libre para el paso de camiones a cambio de coimas durante el cierre de fronteras dispuesto en la pandemia de COVID-19".
La Cámara Federal deberá resolver si existió responsabilidad penal de los funciones públicos intervinientes. Para el gendarme condenado, "mientras grabamos la nota, siguen pasando camiones de contrabando, nada cambió desde el juicio".
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